La iniciativa para transferir a México a la jurisdicción del Comando Sur avanzó, con el aval de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha advertido que la vetará.
El pleno de la Cámara Baja aprobó el 28 de junio la cláusula que quita al Comando Norte la responsabilidad de conducir las relaciones militares del Pentágono con México y la transfiere al Comando Sur.
La cláusula, impulsada por la mayoría republicana en la Cámara Baja, está incluida en la Ley de Gastos del Pentágono para el Año Fiscal 2025.
Desde su creación, en 2002, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Comando Norte se ha encargado de las relaciones militares del Pentágono con México, Canadá y Bahamas.
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El Comando Sur, en cambio, se encarga de las relaciones con el resto de países de América Latina y El Caribe. La decisión de colocar a México bajo el Comando Norte se tomó considerando la vecindad de los países y a manera de priorizar.
La iniciativa aún debe pasar por la aprobación del Senado, donde los demócratas tienen mayoría y no está claro si podrá avanzar.
El texto señala que “a más tardar 180 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, el Comando Sur asumirá el mando combatiente responsable de las actividades relacionadas con México”.
Los republicanos lanzaron la propuesta de transferir la jurisdicción de México al Comando Sur hace un año y desde entonces desató debate, porque significaría que México podría perder la interlocución privilegiada con la que actualmente cuenta con autoridades de Estados Unidos y Canadá y dejaría de estar bajo el paragüas de seguridad de que disfruta al ser parte del Comando Norte.
La iniciativa alega que el desempeño del Pentágono será más eficiente con la transferencia, pues permitiría “una mejor coordinación”.
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Sin embargo, la administración de Joe Biden no está de acuerdo, y así lo ha dejado claro. “Cambiar el área de responsabilidad del Comando Sur para abarcar ahora a México trastocaría el enfoque de defensa unificada de América del Norte y crearía una brecha entre dos comandos combatientes en la frontera de Estados Unidos”, señaló la Casa Blanca, al reaccionar al avance de la iniciativa. Advirtió que el presidente vetará la iniciativa si llega a su escritorio.
En un comunicado del 24 de junio, la Casa Blanca advirtió que la transferencia “afectaría indebidamente a la autoridad del presidente, como Comandante en Jefe, para organizar el mando y control militar mediante la aprobación de un Plan de Mando Unificado conforme al artículo 161 del título 10 del Código de Estados Unidos. Cambiar el área de responsabilidad del USSOUTHCOM para abarcar México también perturbaría el enfoque de defensa unificada de América del Norte y crearía una brecha entre dos comandos combatientes en la frontera de Estados Unidos”.
En marzo pasado, Gregory Guillot, quien está al frente del Comando Norte, destacó en una audiencia ante el Senado de Estados Unidos que “los vínculos entre el Comando Norte y nuestros socios militares en el gobierno mexicano son amplios, resilientes y están enfocados en expandir nuestra capacidad combinada para defender y proteger a América del Norte de innumerables amenazas estatales y no estatales”. Destacó que actualmente, “los ejércitos de Estados Unidos y México son operacionalmente más compatibles que en cualquier otro momento de nuestra historia compartida”.
El mismo 28, la Cámara Baja aprobó la Ley de Asignaciones para Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados de 2025, que entre sus medidas incluye “prohibir fondos que fomenten o faciliten la migración irresponsable hacia la frontera entre Estados Unidos y México”.
Asimismo, aprobó la Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional 2025, que incluye:
- Proporcionar 600 millones de dólares para la construcción del muro de la frontera sur.
- Obligar al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a cumplir la ley y construir barreras físicas inmediatamente.
- Garantizar que los fondos para el muro sólo puedan utilizarse para construir barreras físicas, estableciendo condiciones más estrictas y plazos más cortos para la contratación de los fondos.
- Mantener la financiación para 22 mil agentes de la Patrulla Fronteriza.
- Proporcionar 300 millones de dólares para tecnología de seguridad fronteriza.
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