Más Información
Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Netanyahu y mandos de Hamas; los acusa de crímenes de guerra en Gaza
Sheinbaum tiene que ser como una "domadora" y enfrentar a Trump por amenazas de aranceles: Premio Nobel de Economía
Nueva reforma al Poder Judicial prevé renuncias de ministros sólo por causas graves; limita pensiones y liquidaciones
Senado recibe leyes secundarias para reforma judicial; plantean otorgar nuevas facultades al Tribunal de Disciplina
Colaboradores de EL UNIVERSAL reciben Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo 2024; dedican ceremonia a trabajadores del poder judicial
Miami.- Una nueva ley de Florida que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil entrará en efecto a partir del próximo domingo, junto con una batería de leyes aprobadas durante la sesión legislativa de mayo pasado.
La más controvertida de las leyes, la HB 1297, permitiría la ejecución de los condenados por agresiones sexuales a niños menores de 12 años, si 8 de los 12 miembros del jurado votan a favor de la aplicación de la pena máxima al reo.
Esta ley, de tratar de aplicarse, probablemente genere pugnas o desafíos legales, ya que va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de EU y de la Corte Suprema del estado de Florida.
En caso de que fueran menos de ocho los miembros del jurado que recomienden la pena de muerte, se impondría la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
Lee también: Acusan a un mexicano de contrabando de migrantes bajo nueva ley de Florida
DeSantis busca medida para "proteger a los niños"
Durante la firma de la ley el pasado 1 de mayo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que la medida está encaminada a "la protección de los niños".
"En nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Estos son realmente lo peor de lo peor. Los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie", dijo entonces DeSantis.
Otras medidas que entrarán en vigor podrían llevar a los gobiernos locales a pagar los honorarios de los abogados cuando las ordenanzas se consideren "arbitrarias o irrazonables", o aumentar las penas de cárcel para los traficantes y fabricantes de fentanilo.
En este caso, los jueces podrían imponer sentencias mínimas obligatorias de 25 años de cárcel y multas de 1 millón de dólares a los adultos que vendan al menos cuatro gramos de fentanilo a menores a través de productos que se parezcan a caramelos.
vare/mcc