Brasilia.— La Corte Suprema de Brasil dijo ayer que autorizó una investigación federal de las acusaciones de que el futuro jefe de gabinete del presidente electo, Jair Bolsonaro, recibió donaciones ilegales de campaña.
La fiscal general, Raquel Dodge, pidió al alto tribunal que permita una investigación sobre si Onyx Lorenzoni, un veterano congresista federal que será jefe de gabinete de Bolsonaro, aceptó donaciones ilegales de campaña por parte de la mayor compañía cárnica mundial, JBS SA.
Lorenzoni dijo en un comunicado que no está preocupado por el caso y está seguro de que será rechazado. En un testimonio judicial presentado el año pasado, ejecutivos de JBS dijeron que realizaron pagos por 200 mil reales (52 mil 290 dólares) a Lorenzoni entre 2012 y 2014, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Reuters.
El testimonio formó parte de un acuerdo con fiscales que llevó a que J&F Investimentos SA, el holding que controla JBS, pagara una multa récord de 10 mil 300 millones de reales por sobornos a unos mil 800 políticos a todos los niveles en los últimos años en Brasil.
La investigación es la segunda acusación de soborno contra un alto cargo del futuro gobierno del ultraderechista Bolsonaro, quien fue elegido al frente de una plataforma de ley y orden y ha prometido poner fin a la amplia corrupción política.
La semana pasada, la policía federal abrió una investigación contra Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, para determinar si cometió un fraude ligado a fondos de pensiones de firmas bajo control estatal. Los abogados de Guedes argumentan que no hizo nada ilegal.
Aplazan sesión sobre Lula. El juez Hilmar Mendez, del máximo tribunal de Brasil, pidió más tiempo para revisar una solicitud para excarcelar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El magistrado dijo que analizaría el caso “hasta final de año o inicios del que viene”.
Dos jueces ya habían votado en contra del recurso del ex presidente de Brasil, lo que indica que Lula tiene difícil ser excarcelado. El ex mandatario está preso desde el 7 de abril, tras ser condenado a 12 años y un mes por corrupción y lavado.