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A punto de cumplirse el primer año de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la comunidad hispana en el país ha resentido la peor parte.
“Era de esperarse si recordamos que en su primer discurso como candidato presidencial republicano construyó parte de su plataforma política en contra de los mexicanos, calificándolos de criminales y violadores sin excepción”, recuerda a EL UNIVERSAL Álex Gálvez, abogado especialista en inmigración que trabaja con la comunidad hispana.
“Se ha ido contra los más vulnerables para mostrarse ante los ignorantes de sus seguidores como un superhéroe y no entiende el daño que hace a millones de familias buenas y al país en general, a la economía”, señala Gálvez.
Sin embargo, la presión de la Casa Blanca ha sacado lo mejor de la comunidad, la lucha y la fortaleza de pelear por su futuro en el país que consideran suyo y es el único que conocen, como es el caso de los jóvenes beneficiados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los famosos dreamers.
Ante la política antiinmigrante de Trump, varias personas se han visto en la necesidad de buscar refugio en iglesias, casi siempre evangélicas. El caso ejemplar fue el de Jeanette Vizguerra, una madre de familia con más de 20 años en EU, quien ante la inminencia de su deportación se recluyó voluntariamente en un templo en Denver, Colorado, desde donde ella y su abogado lograron que se le extendiera una residencia legal provisional por tres años, mientras pelea su caso.
“Lo mío ha sido un ejemplo de que sí podemos pelear y hacer valer nuestros derechos aunque seamos indocumentados”, dijo Vizguerra a EL UNIVERSAL en mayo pasado, tras salir de la iglesia.
“Trump no tiene por qué estar por encima de la ley, éste es un país donde sí hay justicia y se puede llegar lejos”, aseguró Vizguerra, quien se apuntó otro triunfo cuando la revista TIME la incluyó como una de las 100 mujeres más influyentes de Estados Unidos en 2017.
Uno de los peores momentos los vivió Felipa Delacruz, madre de Rosa María Hernández, una pequeña de 10 años de edad con parálisis cerebral que el pasado 24 de octubre fue interceptada por la Patrulla Fronteriza, después de ser intervenida en una operación en San Antonio, Texas; la bajaron de la ambulancia que la transportaba y la trasladaron a un centro de detenciones, donde la pequeña estuvo 10 días sin ningún familiar y ninguna atención médica. “Yo me quería morir”, recuerda Felipa a este diario, “pero tenía que estar fuerte para ella y gracias a Dios apareció el abogado —Alex— Gálvez y la defendió; gracias a eso la soltaron más rápido de lo esperado”, dice agradecida. “¿Quién tiene el corazón de perseguir a una niña de 10 años que no ha hecho nada malo?, y peor tantito, enferma; ¡sólo un loco o un animal hacen eso, pienso yo!”, dice al recordar su angustia.
Los niños, explica la abogada en inmigración Gloria Curiel, son “la parte más sensible. Nada puede describir el miedo y el sufrimiento que los menores sienten a diario por las amenazas que han escuchado en los medios o en la escuela”.
“El sufrimiento extremo al que están expuestos estos ciudadanos estadounidenses debería ser suficiente para que la ley los protegiera y les permitiera vivir con sus padres sin sentir miedo. Si el gobierno fuera más sensible; inteligente, en mi opinión, dejarían de perseguir y deportar a padres de familia que lo único que hacen es trabajar, ayudar al progreso de este país y pagar sus impuestos”, comenta Curiel.
Para aumentar el miedo, el 10 de enero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inició redadas en las tiendas de la cadena 7-Eleven en busca de trabajadores indocumentados. A esto hay que sumar a los jóvenes, hombres y mujeres, que se enfrentan a las autoridades y al Congreso de EU, de frente, dando la cara. Son los dreamers, beneficiarios desde 2012 del DACA al que en septiembre pasado Trump puso fin, dando de plazo el próximo 5 de marzo al Congreso para lograr una solución al tema. El martes pasado un juez federal de San Francisco, California, congeló la decisión del presidente hasta nuevo aviso, lo que podría dar a los migrantes un respiro.
En el año fiscal 2017 fueron detenidas para su deportación poco más de 450 mil personas; a este número se suman los más de 650 mil casos en las cortes que están retrasados de la administración Obama. “Trump la va a tener muy difícil para seguir adelante con sus planes antiinmigrantes, incluso si le dan el dinero para el muro y la contratación de nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (…) Le queda hasta noviembre —mes de las elecciones intermedias en las que se renovará el Congreso—, porque después seguro los demócratas toman el control”, advierte Gálvez.
