Bruselas.— Los pleitos entre multinacionales y el gobierno mexicano por controversias de inversión han aumentado considerablemente en los últimos años, aunque estos podrían escalar potencialmente con motivo de la modernización del acuerdo bilateral con la Unión Europea (UE ).
La advertencia proviene del Transnational Institute, con sede en Amsterdam, y el Institute for Policy Studies de Washington, que alertan sobre las capacidades que tienen los inversionistas extranjeros para impugnar las legislaciones de interés público en México.
En un estudio publicado en 2016 por las negociaciones para actualizar el acuerdo comercial con la UE, las organizaciones señalaron que el nuevo pacto “situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos”.
La alerta, no obstante, fue desatendida por el equipo negociador del entonces Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien cerró las conversaciones en abril del año pasado aceptando un capítulo sobre protección de inversiones que incluye un mecanismo para la solución de diferendos entre inversionistas y Estados.
El texto negociado se encuentra bajo revisión jurídica y requiere de la aprobación de los Parlamentos nacionales para su activación.
El informe Desenmascarados: Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea, señaló que entre 1997 y 2015, México había enfrentado al menos 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, el séptimo país más demandado del mundo hasta esa fecha.
Con motivo de los enfrentamientos, el gobierno mexicano se vio obligado a pagar por daños y perjuicios 246 millones de dólares, más intereses, a nueve multinacionales. En ocho casos el fallo salió favorable al Estado mexicano, tres fueron interrumpidos, en uno se llegó a un acuerdo y dos continúan pendientes. Durante ese periodo, la mayor parte de las demandas de arbitraje fueron presentadas por inversionistas de EU, aunque casi la mitad de los litigios en los que México terminó pagando la factura involucró a firmas españolas, cuatro para ser precisos.
De acuerdo con los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, entre 2016 y 2018 hubo siete demandas en contra del gobierno mexicano. Cuatro reclamaciones de arbitraje fueron presentadas por firmas estadounidenses y el resto por PACC Offshore Services Holdings, de Singapur, la francesa EUTELSAT y el empresario español Carlos Esteban Sastre, socio mayoritario de la Constructora CETSA. El resultado de cada uno de los procesos se encuentra pendiente. Las demandas presentadas en 2018 tienen la peculiaridad de ser contra Pemex.
La cobertura de los inversionistas extranjeros con facultades para presentar demandas se ampliará con la modernización del acuerdo comercial con la UE, en vigor desde 2000. México tiene tratados bilaterales de inversión con 16 de los 28 Estados miembros de la UE, pero el nuevo capítulo sobre inversiones sustituirá los existentes por uno que cubrirá a todos los miembros del bloque. Además, el pacto renovado reemplazará los mecanismos existentes para la solución de diferencias entre inversores y Estados, por un Sistema de Tribunales de Inversiones.
La Comisión Europea afirma que el tribunal será independiente e imparcial, así como eficaz en apartar a los jueces de cualquier riesgo real o percibido de sesgo; sin embargo, las organizaciones no comparten la visión de Bruselas. Afirman que el tribunal no atiende las deficiencias de base del sistema de arbitraje, por lo que los inversionistas continuarán disfrutando de derechos muy amplios y vagamente definidos. “Al firmar un nuevo acuerdo de protección de las inversiones con la UE, el gobierno mexicano sigue exponiéndose al abuso de las grandes empresas y se arriesga a tener que desembolsar millones de dólares del erario público”, señaló el documento elaborado por los investigadores Cecilia Olivet y Manuel Pérez Rocha.
“El riesgo de que se incrementen las demandas se ve exacerbado por el aumento de los flujos de inversión extranjera directa de la UE en México”, continúa. La Comisión Federal de Electricidad y diversas empresas, entre ellas IEnova y TransCanada, se encuentran confrontadas por la intención de renegociar contratos otorgados para la construcción de siete gasoductos y que el gobierno considera “leoninos”.