Madrid.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española estudiará el convenio de extradición con México para ver si procede una extradición inmediata del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya , luego de que éste aceptara ser enviado a suelo mexicano para ser investigado por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht .
En una decisión tan sorpresiva como insólita, Lozoya aceptó su extradición a México. La Audiencia Nacional española confirmó a un grupo de corresponsales mexicanos que Lozoya entregó por escrito su entrega a las autoridades mexicanas y renuncia a la vista que tendría que celebrarse en breve en la sede judicial española.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene ahora que estudiar el convenio de extradición con México para ver si procede la extradición simplificada, lo que evitaría que el Consejo de Ministros del Gobierno de España tuviera que pronunciarse sobre la entrega del máximo responsable de Pemex a las autoridades mexicanas.
"El Tribunal tiene que decidir si a pesar de que Lozoya acepta su entrega, su expediente tiene que ir al Consejo de Ministros para que dé su última palabra, o si el convenio de extradición entre México y España permite que se haga una entrega inmediata", señalaron fuentes de la Audiencia Nacional.
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En cualquier caso, el exdirector de Pemex permanecerá en la prisión de Navalcarnero (Madrid), donde está recluido tras su detención por la Interpol en febrero pasado, hasta que los tribunales decidan si procede su extradición exprés a México.
El Fiscal General de México, Alejandro Gertz, aseguró que Lozoya presentó este lunes ante la justicia española su "consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados".
Las autoridades mexicanas emitieron una orden de búsqueda internacional contra el exdirector de Pemex por graves delitos de corrupción, entre ellos haber recibido durante su gestión al frente de la petrolera estatal más de diez millones de dólares en concepto de soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecth, implicada en varios casos de corrupción en América Latina.
agv