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Bogotá.— Al menos 522 personas que fueron secuestradas por la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) murieron durante su cautiverio, informó ayer la procuraduría colombiana.
En una audiencia ante la Justicia Especial de Paz (JEP) en la que comparecieron 11 exlíderes de las FARC, el procurador general Fernando Carrillo les pidió que den todos los datos al respecto para saber qué pasó con las personas plagiadas.
“La verdadera reparación a las víctimas de más de cinco décadas de guerra exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro”, dijo Carrillo.
En la audiencia en la que estuvieron los exlideres Rodrigo Londoño y Pastor Álape, la procuradora delegada Mónica Cifuentes les solicitó responder sobre 522 casos de personas muertas en cautiverio, secuestros o desapariciones forzadas.
Ante la JEP entregó en tres cuadernos impresos y tres discos compactos (CD) su primera versión colectiva sobre los hechos relacionados con retenciones ilegales.
“Se espera una descripción detallada de cómo se adoptó dentro de la guerrilla la decisión de retener civiles, cuál era su finalidad, a qué tipos de personas se secuestró y en qué regiones, cuáles fueron las órdenes respecto al trato, cuál fue el total de la financiación que recibieron por los secuestros y cuál es el paradero de las personas”, señalan los documentos que entregó la funcionaria.
Los jefes de la exguerrilla reconocieron su “responsabilidad ética y política” por miles de secuestros en Colombia, durante su primera rendición colectiva de cuentas ante el sistema de justicia surgido del histórico acuerdo de paz.
“Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica”, declaró en la audiencia Londoño, conocido como Timochenko, quien fue el máximo comandante de la otrora guerrilla comunista. “Dimos un primer paso, este es un proceso largo”, agregó.
Ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, Londoño presentó el informe construido hasta ahora por la organización. “No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del derecho internacional humanitario, sino dar a conocer de propia voz las razones objetivas que nos llevaron a colombianos a construir lo que fueron las FARC”, precisó.
“Tras décadas de guerra fratricida, nadie podría decir que hubo algún vencedor”, leyó ante el tribunal. “Por el contrario, generaciones enteras fuimos condenados a la violencia de todo tipo, incluyendo las peores vejaciones. Todos perdimos”.
El procurador general pidió que en sus declaraciones ante la JEP los comparecientes de las FARC “no se pueden quedar en simples relatos de casos”. La JEP contrastará esa información con versiones entregadas por la fiscalía y la procuraduría colombiana, además de las víctimas.
“Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos”, subrayó el funcionario federal.
Frente a ello, Carrillo hizo hincapié en la necesidad de “aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”.
“Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas”.
A la cita asistieron los excomandantes Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Parra (Mauricio Jaramillo), entre otros.
