Washington.— Patrick Crusius, el joven de 21 años acusado de asesinar a 22 personas (entre ellas ocho mexicanos) y herir varias docenas más en un supermercado de El Paso, en la mayor masacre contra la comunidad latina de Estados Unidos, el pasado 3 de agosto, enfrentará 90 cargos en una corte federal de la Unión Americana.
Ayer se anunció la acusación formal contra Crusius, con delitos que incluyen “crimen de odio con resultado de asesinato” y “uso de armas para cometer un asesinato”. Anteriormente se había declarado no culpable de los hechos ante una corte estatal. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a la pena de muerte.
La elevación del caso de una corte estatal a una federal subraya la importancia de la fiscalía estadounidense en su lucha contra los crímenes de odio. La imputación en una corte federal llega seis meses después de los hechos en los que el autor de la matanza, antes de entregarse, aseguró que su objetivo era asesinar al mayor número posible de mexicanos.
Crusius es uno de los últimos casos de asesinos supremacistas blancos y el más mortífero contra la comunidad latina. Según el acta de acusación, compró un rifle semiautomático y mil balas a través de internet el 19 de junio de 2019, escasos dos meses antes de que el 3 de agosto condujera más de 10 horas hasta un supermercado Walmart en El Paso, Texas, muy frecuentado por mexicanos que cruzan desde Ciudad Juárez, donde cometería su crimen.
Justo antes de la matanza publicó un manifiesto en internet, titulado “una verdad incómoda”, en la que en su primera frase destacaba que “el ataque es una respuesta a la invasión hispana en Texas. Ellos son los instigadores, no yo. Simplemente estoy defendiendo a mi país del reemplazo cultural y étnico que conlleva esta invasión”.
Para muchos, el léxico usado por Crusius recuerda mucho a la retórica del presidente estadounidense Donald Trump. La acusación contra Crusius divide los 90 cargos en cuatro categorías: crimen de odio con resultado de muerte, uso de arma para cometer asesinato, crimen de odio con intento de asesinato y uso de arma durante un crimen de violencia. Su primera comparecencia ante el juez por este caso está prevista para el 12 de febrero ante el magistrado Juan Miguel Torres en El Paso. La fiscalía solicitó que se le mantenga en prisión.
El gobierno de México se congratuló por el anuncio. “Con los nuevos cargos anunciados, se reitera la condena en contra de los discursos de odio, la xenofobia y el supremacismo blanco, así como de cualquier acto de violencia”, señaló en un comunicado. Resaltó los esfuerzos del “gobierno de México para construir sociedades más inclusivas y pacíficas”.