Quito.— El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, proclamó ayer ante el Congreso su “total, evidente e incuestionable” inocencia en el presunto delito de peculado bajo el cual la oposición de izquierda busca destituirlo del cargo mediante un juicio político.
En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del gobierno de derecha es para el principal bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel.
“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, se defendió el mandatario a lo largo de casi una hora de discurso en el hemiciclo de Quito.
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En el poder desde mayo de 2021, el mandatario es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Acompañado de su gabinete, Lasso llegó al mediodía al recinto parlamentario donde dijo que durante su gobierno Flopec no modificó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, aunque consideró que “si algún funcionario violó las normas que debió cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justicia lo sentencie con la pena más dura”.
Destacó que la empresa perdía 6 millones de dólares al año y que en lo que va de su administración ha producido ganancias por 180 millones de dólares.
Agregó que en el juicio político se ha violado el debido proceso porque los acusadores advirtieron que, por no tratarse de una investigación penal, no deben probar el delito que presuntamente se cometió.
Lasso habló casi 50 minutos tras el turno de los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza (Unes), y Esteban Torres, del partido Social Cristiano.
En la réplica, Torres manifestó que en el banquillo de los acusados ??en la Asamblea está la corrupción en las empresas públicas, “no está sentado en el banquillo ni la democracia, ni la Constitución, ni la estabilidad política, no se trate aquí de confundir con falacias (...) no existe golpe, existe juicio político”.
Veloz reiteró la acusación de que Lasso, a pesar de conocer que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, no impidió que se prorrogue, con lo cual el perjuicio en contra del pueblo ecuatoriano se mantiene hasta la actualidad, reiteró.
El mandatario no se presentó en el recinto, por lo cual comenzó de inmediato el debate en el pleno, en el cual cada uno de los 137 asambleístas podrá hacer uso de 10 minutos.
Lasso dijo que respeta el rol fiscalizador de la Asamblea, pero acusó a la oposición de haber abandonado su tarea legislativa. Bajo la manga, al mandatario le queda el mecanismo “muerte cruzada”, que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó en un comunicado que el juicio político contra Lasso ofrezca “todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso”.
Varias centenas de personas se concentraron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento, que estaba acordonado por policías. A través de pantallas gigantes, algunos siguieron el juicio.