Cada vez que hay un tiroteo masivo en Estados Unidos, particularmente en alguna escuela, se oyen los mismos lamentos: esto debe parar, es hora de prohibir las armas de asalto, de elevar el mínimo de edad, de aumentar la revisión de antecedentes... 
 
La respuesta, con algunas variantes al paso de los años, se reduce a una palabra: no.  

“Lo único que detiene a un malo armado es un bueno armado”; “no es un problema de violencia, sino de salud mental”; “no importa cuántas restricciones pongamos a la venta de armas, los malos siempre lograrán conseguirlas”. “Mejor que desarmar a los estadounidenses, ¡armemos maestros! ¡y estudiantes!”.  

Los pretextos sobran. Las razones de fondo son, algunas por demás conocidas, otras no tanto.  

La venta de armas es un gran negocio, para las armerías, para los legisladores, para los grupos de cabildeo.   

En 2021, las ganancias de la fabricante de armas Sturm, Ruger & Co., alcanzaron los 730.7 millones de dólares por venta de armas, un incremento respecto de los 558.9 millones de 2020.

La firma de análisis IBIS World reveló que, sólo en 2018, las tiendas de armas obtuvieron ingresos de alrededor de 11 mil millones de dólares.  

Poco parece importar la cantidad de muertos que provoca la violencia armada -45 mil estadounidenses sólo en 2020, un incremento de 14% respecto del año anterior-. El negocio es el negocio.  

Pero no sólo desde el lado de las ganancias de las armerías, que son las primeras señaladas siempre.  

Algunos legisladores también son “ganones” cuando de armas se trata. Como el republicano Ted Cruz, mayor beneficiario de los grupos proarmas como la poderosa Asociación Nacional del Rifle (ANR). El senador por Texas recibió, de acuerdo con un estudio de OpenSecrets, una organización sin fines de lucro que revisa el uso que se le da al dinero en la política estadounidense, 442 mil 332 dólares entre 1989 y 2020; Steve Scalise recibió 248 mil 59 dólares en el mismo periodo; Marco Rubio, 161 mil 44 dólares. Otros republicanos moderados, como Mitt Romney, quien se declaró dispuesto a debatir las leyes de armas, tiene entre sus cadenas algunas decenas de miles de dólares recibidas en campañas pasadas de la NRA.   

El dinero ata. Si no, que le digan a Cruz, que no tardó en pedir “no precipitarse” a restringir “los derechos constitucionales” de los estadounidenses tras la masacre de Uvalde, Texas. Aunque 52% de esos estadounidenses se declare a favor de leyes más estrictas sobre el uso y posesión de armas.  

Los grupos cabilderos proarmas son conscientes del poder del dinero. En 2021, repartieron 15.8 millones de dólares; en el primer trimestre de 2022, 2 millones. La tranquilidad de que la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas lo vale.  

Aunque más que la Segunda Enmienda, como todo en Estados Unidos, lo primero son los intereses políticos. Falso, que la crisis de violencia armada esté ligada mayoritariamente a enfermos mentales. En 2018, el FBI dijo que sólo 25% de tiradores, entre 2000 y 2013, sufrían algún tipo de padecimiento mental.  

Falso que armar a los estadounidenses buenos frene a los malos. Texas, uno de los estados con leyes más relajadas en tema de armas, ha sido testigo de al menos dos de los peores tiroteos en la historia de Estados Unidos: el del Walmart en El Paso, en 2019, y el de la primaria en Uvalde, en mayo pasado.  

Los republicanos aseguran que debatir un cambio a las leyes sobre las armas es “politizar” el tema de la violencia armada. Pero el tema ya está politizado. Los estudios demuestran que son los estadounidenses en zonas rurales los más firmes defensores de la Segunda Enmienda (casi 70% de republicanos y 33% de demócratas en zonas rurales contra 56% y 21%, respectivamente, en zonas urbanas).  

Y en esas zonas urbanas, los republicanos llevan ventaja. Por eso, su primer pensamiento en el Senado es defender los intereses de ese grupo. Y dado que se requieren al menos 60 senadores para someter a votación una ley, y los estados pequeños, con más zonas rurales tienen una influencia desproporcionada en la Cámara Alta, la posibilidad de que una reforma a las leyes sobre las armas salga adelante es nula.  

Es la política, es el poder, es el dinero, la prioridad de muchos políticos estadounidenses,  no las vidas de los ciudadanos a los que se supone deben proteger.

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