Washington.— Arizona y Texas decidieron multiplicar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional que serán enviados a la frontera entre Estados Unidos y México.
Ambos estados, gobernados por republicanos, anunciaron ayer que su apoyo a la decisión del presidente Donald Trump de militarizar la frontera con reservistas de las Fuerzas Armadas será más grande de lo que se preveía.
El que más tropas movilizará será Texas. El gobernador Gregg Abbot anunció que multiplicará por cuatro los efectivos de la Guardia Nacional que tenía planeado enviar, pasando de los 250 que anunció el pasado viernes a “al menos” mil.
Abbot no detalló la fecha de despliegue, aunque precisó que lo más probable es que se lleve acabo en grupos de 300 efectivos.
Lo que sí señaló es que su presencia será “a largo plazo” en cinco de los sectores que, en su opinión, necesitan más control para evitar el flujo de personas y drogas.
Hizo lo propio el también gobernador de Arizona, Doug Ducey. Tras movilizar 225 personas ayer, hoy se enviarán 113 efectivos más, para un total de 338 que —dijo— “liberarán de carga” a la patrulla fronteriza, para que así puedan dedicarse a la detención de inmigrantes indocumentados e incautación de drogas para “continuar protegiendo nuestra frontera y nuestro país”.
Por su parte, la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, anunció que 80 de los 250 soldados que va a desplegar en el fragmento de frontera que corresponde a su estado, se movilizarán a finales de esta semana.
“Nos ayudarán añadiendo capacidad y en tareas de vigilancia”, explicó el subcomisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Ronald Vitello.
El gobierno todavía está a la espera de la respuesta del gobernador de California, el demócrata Jerry
Brown, quien no se ha pronunciado sobre su intención de mandar o no efectivos de la Guardia Nacional a su frontera con México.
Cuando estén sobre el terreno todos los efectivos prometidos por los estados hasta el momento sumarán mil 588, lejos del mínimo de “entre 2 mil y 4 mil” que Trump estimó que serían necesarios.
En tanto, la actividad de incremento de seguridad en la frontera no se frena. Ayer empezó la reparación de un nuevo tramo de valla ya existente. Serán 32 kilómetros en el sector de Santa Teresa, en El Paso (Texas), frente a Ciudad Juárez (Chihuahua). En esa zona se sustituirá verja actual por una de bolardos de hasta nueve metros de altura. Ahí, la patrulla fronteriza detuvo el año fiscal 2017 a 25 mil 193 inmigrantes indocumentados, e incautó más de 15 mil 500 kilos de marihuana y 63.5 kilos de cocaína. Está previsto que el jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, visite la obra.
Se trata de la segunda reparación de valla que se inicia este año, tras la de Calexico (California) empezada a finales de febrero. Ninguna de ellas forma parte de la asignación presupuestaria de mil 570 millones de dólares para muro que el Congreso otorgó al gobierno para este año 2018.
Precisamente en California es donde la pelea judicial por el muro ha avanzado, luego de que el gobierno estatal y grupos ecologistas apelaran la decisión de un juez de permitir la construcción de la valla fronteriza sin tener en cuenta normativas ambientales, previamente eliminadas por la administración Trump para acelerar la obra tanto en San Diego (California) como en el Valle del Río Bravo (Texas).
“Cuando dijimos que este muro medieval a través de la frontera entre EU y México no pertenece al siglo XXI lo decíamos de verdad”, expresó en Twitter el fiscal general californiano, Xavier Becerra, antes de recordar que la propuesta del gobierno Trump de invalidar leyes ambientales es una “violación” y pone en serio peligro a especies autóctonas.
