La canciller argentina, Diana Mondino, pidió este miércoles en Washington la solidaridad de otros países para proteger a los seis políticos opositores venezolanos asilados en su embajada en Caracas y cuya seguridad no está garantizada en momentos en que los diplomáticos argentinos son expulsados del país.
"Apelo a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados", dijo Mondino en una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada para tratar las cuestionadas elecciones en Venezuela.
Los diplomáticos argentinos, así como los de otros seis países latinoamericanos, deben abandonar Venezuela a más tardar el jueves tras ser expulsados el lunes por Caracas, en respuesta a su decisión de no reconocer la anunciada victoria del gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales del domingo.
Además de los diplomáticos, Argentina deberá desalojar a los políticos asilados en su embajada en Caracas desde hace cuatro meses, entre ellos Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de confianza de la líder opositora María Corina Machado.
Desde el lunes, Buenos Aires ha acusado "hostigamientos" y cortes de luz en su embajada y el opositor venezolano Pedro Urruchurtu Noselli, uno de los asilados, ha publicado videos en X mostrando fuerzas de seguridad merodeando la misión.
Mondino denunció además que Caracas no ha provisto salvoconductos para permitir que los asilados salgan del país junto a los diplomáticos argentinos y que estos no pueden abandonar a sus huéspedes.
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"A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos", indicó Mondino. "No tienen autorización para salir de manera segura del territorio venezolano".
"Ante la falta total de garantías, sin resguardo de la libertad o la integridad física de nuestros asilados, la República Argentina alerta sobre las consecuencias de esta situación", dijo la canciller, acusando el incumplimiento por parte de Caracas de la Convención sobre asilo diplomático, firmada en 1954 en Caracas y en la cual se acuerda que el Estado asilante puede trasladar al asilado fuera del país.
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