Buenos Aires.— Argentina fue sacudida ayer por un nuevo escándalo de corrupción que destapó el diario La Nación, sobre el supuesto pago de sobornos millonarios, que derivó en una docena de detenciones de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y empresarios, entre ellos un ex directivo vinculado al grupo de la familia del presidente Mauricio Macri.
La información surgió de seis cuadernos y dos anotadores manuscritos en los que supuestamente Oscar Centeno, ex chofer de uno de los funcionarios dejó registro de los movimientos de dinero durante una década. Los documentos fueron obtenidos por La Nación, que realizó una investigación de meses.
Según la fiscalía, se habrían movido “unos 160 millones de dólares en efectivo” en bolsos, provenientes de sobornos que empresarios entregaban a cambio de la adjudicación de obra pública.
La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora Kirchner fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadío, aunque no se especificó si en calidad de testigo o de imputada. Su domicilio en la capital argentina está señalado como destino de una de las supuestas entregas de dinero.
“La hipótesis que se investiga es la de asociación ilícita”, declaró a Radio La Red el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien aclaró que “se libraron 20 órdenes de detención”, pero hay secreto de sumario.
Las 12 detenciones se produjeron en la madrugada del miércoles, y se llevaron a cabo 34 allanamientos en Buenos Aires y su periferia, declaró el jefe de policía, Néstor Roncaglia.
En los allanamientos, fueron confiscados 14 vehículos de alta gama, unos 50 mil dólares en distintas monedas y dispositivos informáticos.
Entre los detenidos figuran Roberto Baratta, ex secretario de coordinación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, este último encarcelado en otra causa por supuesta corrupción.
También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, y que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri). Otro de los detenidos fue Rafael Llorens, ex subsecretario legal de Planificación Federal.
Los arrestos se produjeron tras la declaración de la ex esposa de Centeno, también detenido. Meses atrás, esa mujer había asegurado que en la casa de los padres de Baratta había una bóveda, que no pudo ser hallada por la justicia, recordó la esposa de De Vido. Según La Nación, la fiscalía le ofreció a Centeno declarar bajo la figura de “arrepentido”.