Más Información
San José. – Cercado por la prolongación de la más grave tempestad política en la historia guatemalteca del siglo XXI, el centroizquierdista Bernardo Arévalo logró finalmente asumir ayer en la madrugada la presidencia de Guatemala y empezó a navegar con pronósticos de que enfrentará fuertes choques con la clase política tradicional de la derecha en el país con la primera economía de Centroamérica.
“En los próximos años, la tentación de confrontar y aumentar nuestras diferencias será recurrente”, advirtió Arévalo en su discurso de toma de posesión, en una ceremonia que debió empezar a las 14:00 horas (mismo tiempo del centro de México) de anteayer y comenzó con más de nueve horas de retraso por el estallido de trifulcas políticas parlamentarias.
“Inician (…) cuatro años de un mandato que seguramente estará marcado por una serie de obstáculos, muchos de los cuales no podemos prever en este momento”, anticipó, tras describir que “sabemos que el cambio puede ser difícil”.
Con el futuro de la democracia en Guatemala en riesgo, y con Washington con casi 70 años como jugador fundamental en los asuntos guatemaltecos, el presidente de Estados unidos, Joe Biden, se apresuró ayer a congratular a Arévalo.
Al exponer que el ascenso de Arévalo a la Presidencia se afianzó como “testimonio de nuestro compromiso compartido con la democracia y la voluntad del pueblo”, Biden destacó la “sólida asociación” de Guatemala y EU para avanzar en derechos humanos, fortalecer la seguridad civil, combatir la corrupción, enfrentar las “causas profundas” de la migración irregular de los guatemaltecos y ampliar las “oportunidades económicas”.
Aunque consiguió instalarse en la Presidencia, Arévalo fracasó al incumplir su grito de batalla que convirtió en consigna desde que en agosto de 2023 se transformó en presidente electo por el voto popular: el 14 a las 14.
Por múltiples trabas desplegadas el domingo por sectores derechistas guatemaltecos, la ceremonia del Congreso de Guatemala se retrasó con pleitos para impedir que diputados electos del Movimiento Semilla, que postuló a Arévalo, pudieran asumir sus escaños. También hubo disputas similares, como desconocer a esa fuerza partidista por presuntas irregularidades en sus trámites electorales o interferir en la designación del directorio legislativo.
La sesión comenzó en los primeros 20 minutos de ayer y Arévalo—antropólogo, filósofo y sociólogo—pudo ser juramentado junto con su vicepresidenta, la socióloga, politóloga, química bióloga y ambientalista centroizquierdista guatemalteca Karin Herrera.
Efectuada en el Teatro Nacional, de la capital guatemalteca, la sesión concluyó aproximadamente a las 01:30 de ayer, en una cadena de actos que confirmó que Arévalo enfrentará profundos conflictos de gobernanza e ingobernabilidad en sus 48 meses de gestión.
En un síntoma de la magnitud de la crisis, el presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, se abstuvo de asistir a la entrega del mando, envió la cinta o banda presidencial y otros elementos institucionales al Congreso con una secretaria personal y alegó que se abstuvo de acudir por los retrasos en los actos protocolarios.
“El gobierno de Arévalo tiene bastantes desafíos, pero también cuenta con un capital social muy fuerte de apoyo popular manifestado en las calles”, afirmó el politólogo guatemalteco Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), instancia no estatal de Guatemala. AC es filial en Guatemala de Transparencia Internacional (TI), foro mundial no estatal de Alemania para la decencia en la función pública.
“Arévalo (dispone de) un consenso internacional casi unánime (a su favor). Estos dos capitales políticos creo que pueden ser suficientes para que contrarreste los esfuerzos del Pacto de Corruptos, que todavía mantiene control de instituciones y poderes del Estado”, dijo Marroquín a EL UNIVERSAL.
El Pacto volvió a exhibir su capacidad de maniobra como alianza de los bloques tradicionales políticos, militares y empresariales de Guatemala que sumó más de 20 años de operar, abiertamente o en las sombras, como timón crucial de mando en ese país.
“Con esos dos apoyos (interno y externo) que mantiene Arévalo, si lograr sostenerlos en el tiempo, va a depender mucho de su músculo político utilizarlos para doblegar al Pacto”, anticipó Marroquín, al insistir en que “la primera tarea importante es destituir” a la abogada guatemalteca Consuelo Porras como fiscal general.
“Mantenerla en ese cargo es tener al Pacto todavía con un brazo operativo muy fuerte, intentando incluso un golpe de Estado, que no pudieron concretar en el proceso de transición pero que se mantendrían en ese esfuerzo ya (con Arévalo) en el gobierno”, planteó.
Designada por EU en 2021 en una lista de actores corruptos y no democráticos, Porras encabezó la guerra jurídica, electoral y constitucional contra Arévalo para cerrarle el paso a la Presidencia. Porras argumentó actuar apegada a la ley.
Con Porras como pieza crucial, el Pacto lanzó la batalla sobre Arévalo partir de que, el 25 de junio de 2023, quedó de segundo en la primera ronda de los comicios presidenciales y avanzó como favorito para la segunda, del 20 de agosto, en la que saltó a presidente electo. La lucha del Pacto resultó infructuosa… por el momento, ya que hay un trayecto ahora de mil 460 días que siguió signado por dudas e inquietudes.
El empresario ultraderechista guatemalteco Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la derechista (no estatal) Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y adversario de Arévalo, informó ayer en X (antes Twitter) que su agrupación presentó este lunes un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad para rechazar la elección “ilegal” anteayer de la directiva del Congreso. La FCT pidió dejar “sin efecto el acuerdo” con el que se designó “a la ilegítima junta directiva” del Congreso y hacer otra votación.
Prensa Digital, un medio derechista guatemalteco, fustigó ayer en un editorial al gobierno de Biden y del Partido Demócrata de EU apoyar a Arévalo. “Con menos legalidad que cualquier ‘república bananera’, Guatemala amanece hoy (ayer) como un territorio gobernado por el grupo de demócratas del Departamento de Estado” de EU, acusó.
“Con menor rango, derechos e institucionalidad que una colonia, Guatemala es una especie de protectorado demócrata, gestado al amparo de la urgencia por imponer (una) perversa agenda de muerte y depravación social”, denunció.
