San José.— El guatemalteco Bernardo Arévalo de León desfiló en 2015 junto a miles de sus compatriotas en la capital guatemalteca que repudiaron la corrupción y la impunidad y, en septiembre de ese año, lograron la renuncia y el encarcelamiento del entonces presidente de Guatemala, general en retiro Otto Pérez Molina.
Condenado en 2022 a 16 años de cárcel, el general Pérez Molina personificó un conflicto con el que, ahora como presidente electo de Guatemala, Arévalo tendrá que batallar: el contubernio de las más radicales fuerzas tradicionales de la derecha que implantó impunidad y corrupción al cobijo de la alianza militar-oligárquica y preservó el timón político en los últimos 69 años de historia de la economía más grande de Centroamérica.
De 64 años, casado en terceras nupcias con Lucrecia Peinado, sociólogo, antropólogo y centroizquierdista, Arévalo se impuso anoche, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales que se realizó ayer en Guatemala.
Arévalo, del opositor Movimiento Semilla, derrotó a la politóloga centroderechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Con 95% de los datos oficiales, Arévalo recibió 59% de los sufragios y Torres captó 36%, en lo que sería su tercer fracaso electoral consecutivo luego de los que sufrió en las contiendas de 2015 y 2019. El Tribunal Supremo Electoral ratificó el triunfo de Arévalo, al hablar de una “tendencia sumamente importante”.
Torres ratificó ayer su demanda de “transparencia” y Guatemala seguía anoche expectante de que reconociera que perdió. Para vencer ayer se requería mayoría simple, mientras que en la primera se necesitaba la mitad más uno de los votos.
“Salvar a Guatemala urgentemente de la corrupción” para “garantizar” que “cada centavo de lo que se gasta sea transparente y pueda ser conocido” por el pueblo guatemalteco, prometió Arévalo en su plan de primeros 100 días de trabajo de su gestión de 48 meses sin posibilidad de reelegirse.
“Combatir la corrupción será difícil. Puede paralizar al Congreso. Lo indispensable es cambiar de lógica interna de funcionamiento de la administración pública desde la Presidencia y el Congreso: servir en lugar de robar”, dijo la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa.
“La desesperación del ‘Pacto de Corruptos’ es grande. El problema es el largo periodo de transición, en el que (el Pacto) puede hacer lo que quiera contra los que quiera”, dijo De León a EL UNIVERSAL en alusión a que el traspaso del poder será hasta el 14 de enero de 2024, al concluir el cuatrienio del presidente de Guatemala, el derechista Alejandro Giammattei.
Identificado como una conjura partidista y empresarial de la derecha guatemalteca, el Pacto se forjó hace unos 20 años e instauró en 2017 con apoyo de redes militares para controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electora y Judicial, la Contraloría General y la Fiscalía General.
Luego de que Arévalo quedó sorpresivamente segundo, detrás de Torres, en la primera ronda de los comicios, efectuada el 25 de junio anterior, y pasó a la siguiente etapa electoral, los influyentes hilos del Pacto fueron activados en instancias judiciales —en especial en la Fiscalía— para intentar bloquear su avance a la Presidencia.
“El principal desafío será… sacar a Consuelo Porras”, agregó De León al referirse a la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Estados Unidos insertó en 2021 a Porras en una lista de personajes “corruptos y no democráticos” de Guatemala. “Limpiar el Ministerio Público. Debe ser la primera que debe salir”, insistió.
Como estrechos aliados, Porras y el presidente de Guatemala, el derechista Alejandro Giammattei, acusaron que Estados Unidos se entrometió en los asuntos internos del país y argumentaron a su favor principios de defensa de la soberanía e independencia.
En la mira de la clase política dominante en Guatemala, Arévalo emergió como una amenaza… por el pasado de su apellido. Su padre fue el educador Juan José Arévalo (1904-1990), presidente de 1945 a 1951 y figura clave de una primavera democrática, en seguimiento a la junta revolucionaria de 1944 y a la dictadura derechista, de 1931 a 1944, del general Jorge Ubico (1878-1946).
El proceso que Arévalo padre apoyó en 1944 fue cortado con una intervención armada de Estados Unidos en Guatemala en 1954, con lo que se inauguraron los regímenes militares que gobernaron hasta 1986, cuando comenzó un lento regreso a la democracia y el poder tradicional mantuvo el mando real en los siguientes 37 años.
