San José. – Con apenas seis meses en el cargo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, confirmó implícitamente que el signo de su gestión de cinco años seguirá siendo la inestabilidad de su gabinete de gobierno.
Al asumir su cuatrienio el 28 de julio de 2021, Castillo —campesino, maestro y sindicalista— designó a Guido Bellido, un radical de izquierda, como presidente del Consejo de Ministros. Presionado por la ingobernabilidad, Castillo pidió a Bellido su renuncia el 6 de octubre y, en su reemplazo, nombró a Mirtha Vásquez, de izquierda moderada.
Sin opción de lograr consensos políticos, Vásquez dimitió el 31 de enero, por lo que Castillo designó, al día siguiente, al abogado derechista Héctor Valer, ligado al radicalismo católico del Opus Dei.
Pero ahora surgió el riesgo de que luego de que trascendieron denuncias contra Valer de violencia familiar porque golpeó a su esposa y a su hija, el Congreso de Perú rechazará ratificarlo como primer ministro, en un acto que volvería a colocar a Castillo en un laberinto político.
Desafiante y retador, Valer anunció ayer que “seré un hueso duro de roer" y que tampoco renunciará.
“Si se prueban (las acusaciones) y si todo esto fuera cierto, desde luego, mi integridad moral me obligaría” a renunciar, explicó Valer en una entrevista con Radio Santa Rosa, de Perú. “Pero como esto no es cierto y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso gastará”, alertó.
“El país necesita, no líos familiares a partir de hechos construidos. El país necesita trabajo, necesita una solución económica”, recalcó.
Valer fue acusado en 2016 de violencia familiar por su esposa, Ana Montoya Leo (ya fallecida), y su hija, Catherine Valer Montoya. Al determinar en 2017 que existieron “indicios suficientes” de maltrato corporal, un juzgado peruano dictó medidas de protección a favor de Montoya, pero resolvió que, en el caso de la hija, nunca pudo confirmarse si resultó “afectada físicamente”.
Valer juró en julio de 2021 como congresista por el por el derechista Partido Renovación Popular, del que fue separado por discrepar con su cúpula. Las agresiones emergieron como uno de los diferentes líos de Valer que reafirmaron que su ratificación está en duda, ya que hay una indagación en su contra porque supuestamente se habría favorecido de un contrato municipal de obra pública, entre otros casos.
Pero lo que está en el trasfondo es la ingobernabilidad en Perú.
“La designación del nuevo gabinete (con Valer) es un acto provocador de Castillo al nombrar a una persona sin ninguna credencial para presidir el Consejo de Ministros”, adujo el analista político, columnista y periodista peruano César Campos.
“Valer no es la persona más idónea para ocupar el cargo. Para un sector esto es una provocación y para otros es un acto de improvisación (de Castillo) de no saber a quién elegir, de escoger a quien se le ocurra sin tomar ninguna precaución de estudiar su trayectoria ni nada que se le parezca”, aseguró Campos a EL UNIVERSAL.
“Todo indica que Valer no va a recibir el voto de confianza de la mayoría parlamentaria. Grupos de derecha y de izquierda negarán ese voto. Lo que se espera es un escenario de mayor incertidumbre política y de debilitamiento de los resortes de gobernabilidad que pueden haber sostenido hasta la fecha a Castillo”, alegó.
“Castillo ahora ha perdido también el respaldo de los grupos de izquierda, dentro y fuera del Congreso. Su insularidad y la manera en que cada día (Castillo) está más aislado, es la constatación de que el escenario de su defenestración del poder vía constitucional, sea la vacancia o la destitución por infracción constitucional, cada vez es más factible. Mi apuesta es que no pasa de tres meses”, anticipó.
Desde julio de 2021, las apuestas políticas en Perú se concentraron en una duda en torno a si Castillo caerá antes o si logrará llegar en julio de 2026 al final de su mandato.
Al nombrar a su tercer jerarca del Consejo de Ministros en apenas seis meses, Castillo evidenció la honda crisis de ingobernabilidad que se profundizó en Perú al menos desde 2016 y que se anticipó desde que inició su mandato ante el complicado borde de precipicio político por el que transitaron sus cuatro predecesores.
Tras asumir como presidente electo en las urnas para el periodo 2016-2021, Pedro Pablo Kuczynski debió dimitir en 2018 en un escándalo de corrupción. Como vicepresidente, Martin Vizcarra se instaló en el Palacio de Gobierno en marzo de 2018, pero en noviembre de 2020 fue destituido por el Congreso por otro caso de corrupción.
Manuel Merino fue designado por la vía parlamentaria, pero casi ni gobernó porque solo estuvo en el puesto del 10 al 17 de noviembre y en su lugar entró Francisco Sagasti, inmediato antecesor de Castillo, para soportar una complicada gobernanza por ocho meses y 11 días y entregar al actual gobernante.
El periódico El Comercio, el más importante de Perú, planteó ayer en un editorial que la continuidad de Valer en la presidencia del Consejo de Ministros “es una afrenta al país”, ya que las “imputaciones que arrastra (…) son execrables y no puede permanecer un minuto más en el cargo”.
Al mencionar que la estadística por violencia de género “debería avergonzarnos” a los peruanos, lamentó que “en el resto del equipo ministerial, sin embargo, no se ha escuchado un solo murmullo de reproche hacia el primer ministro por este tema” y aseveró que al menos dos ministros piensan que ese fenómeno es “tema menor” o de “índole personal”.
El matutino limeño editorializó que el problema es que “muy probablemente al presidente que los nombró, y que llegó a afirmar en campaña que los feminicidios ‘son producto de la ociosidad que genera el mismo Estado’, esta situación no le incordie en lo más mínimo. Y ese es un inconveniente que no se corrige solo con una renovación de cuadros”.