San José. – La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de opinar sobre asuntos internos de Perú al justificar sus acciones para auxiliar al gobierno de ese país, provocó más trastornos que beneficios a su colega peruano, Pedro Castillo Terrones, al abrirle una nueva fuente de conflictos diplomáticos y legislativos, coincidieron ayer analistas políticos en Lima.
Tras las declaraciones de López Obrador, Castillo volvió a quedar expuesto al ataque de la oposición política. El congresista Ernesto Bustamante, del opositor partido Fuerza Popular, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, cuestionó el pasado martes a la cancillería de su país por los comentarios del presidente de México sobre Perú y le exigió aclarar la controversia.
Las revelaciones de López Obrador, de que respondió a un pedido político de Castillo, constituirían “una clara intromisión en los asuntos internos de Perú”, advirtió.
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“López Obrador formuló consideraciones obviamente equivocadas sobre el procedimiento constitucional que tiene la figura extrema de la gestión política” de destituir a un presidente en Perú, dijo, por su parte el diplomático Hugo Palma, ex vicecanciller y ex embajador peruano en Belgrado, Brasilia, París, Quito, Roma y Tokio.
“Mientras no se demuestre lo contrario, la población peruana y la mexicana y el Congreso de Perú tienen derecho de pensar que, sin una completa, transparente y satisfactoria explicación, esto tiene que ser considerado como un acto de injerencia (de México”, explicó Palma a EL UNIVERSAL.
“Es inconveniente. Debe ser considerado como intervención en asuntos internos de Perú. No hay nada más interno que manejar los asuntos políticos y, si están dentro de cauces constitucionales y legales, las opiniones extranjeras no se entienden”, agregó.
Al subrayar que “por más que lo pida un jefe de Estado, no es función de un gobierno apoyar políticamente a otro gobierno en dificultades”, alegó que es inaceptable porque “tampoco hay una catástrofe en Perú” como para recurrir a México.
Tras insistir en que el episodio con López Obrador “es infeliz en una relación bilateral de respeto”, porque se cuestiona “nada menos que un proceso constitucional que es parte de la estructura legal del Estado peruano”, planteó que “se requiere una explicación amplia, transparente y convincente que, hasta ahora, no existe”.
Los hechos
López Obrador anunció el lunes anterior que, sin precisar fecha, envió a Perú a una comitiva de su gobierno porque Castillo “nos pidió apoyo” para enfrentar las dificultades políticas de una “campaña en contra, mediática” en la que se le ataca “por incapacidad”.
Aunque en sus más de tres años de gobierno ratificó repetidamente su apego al principio constitucional mexicano de no injerencia en asuntos de otros países, López Obrador se refirió ese día a aspectos políticos internos peruanos y puso en duda el proceso constitucional para remover a un presidente.
Con solo 20% de apoyo de los congresistas, en Perú puede presentarse al Congreso una moción para aceptar una solicitud de remoción del gobernante o declarar la “vacancia” del puesto y con el 40% de votos de los legisladores es suficiente para “quitarlo”, cuestionó.
Aceptadas por las fuerzas partidistas y sociales de derecha a izquierda, las gestiones constitucionales en el Congreso para destituir a un presidente son una normalidad en Perú.
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Tras asumir el 28 de julio de este año, Castillo entró a un intenso choque con sus opositores y el 7 de este mes superó un trámite de destitución por parte del Congreso.
El caso de Castillo fue el quinto contra un jefe de Estado de Perú en los últimos cuatro años y resultó afirmativo o exitoso en noviembre de 2020, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente, Martín Vizcarra, por presuntos sobornos. Vizcarra superó uno en septiembre de 2020.
Como presidente de 2016 a 2018 y antes de dimitir a favor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski sufrió dos pedidos para destituirle y salió victorioso del primero, en 2017, pero renunció en marzo de 2018 antes de que el segundo fuera votado.
La presencia de la delegación mexicana en Perú, encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, e integrada por la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, generó polémica política, ya que nunca se informó al país de su llegada ni los detalles de su misión.
“Fuimos muy respetuosos a apoyar sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, la gente pobre, en tiempos difíciles”, adujo López Obrador.
La primera ministra de Perú, Mirtha Víquez, defendió la asesoría de López Obrador a Castillo como parte de un diálogo diplomático y argumentó que existe “ayuda mutua” entre países para enfrentar la pobreza y fortalecer la democracia.
Neutral
Para el analista político, columnista y periodista peruano César Campos, la actuación del presidente mexicano sobre Perú “violenta los propios principios que rigen la política exterior de México de no intervenir” en otros países y ser “neutral”.
“Las expresiones de López Obrador de su contacto con Castillo revelan la validez de aquel viejo apotema que dice: ‘¿Por qué saltar si el piso está parejo?’. En Perú no ha ocurrido ningún atentado constitucional ni ninguna irrupción golpista contra Castillo”, declaró Campos a este diario.
“El hecho de creer o dar la referencia de que Castillo es víctima de un atentado golpista inconstitucional es completamente absurdo y fuera de la realidad. Por eso digo que (López Obrador) está saltando sin que el piso se mueva y eso no me parece válido”, añadió.
Entrevistado esta semana por el rotativo Expreso, de Perú, el peruano Luis Gonzales, ex canciller y ex presidente del Congreso de esa nación, aseveró que “lo que diga López Obrador no tiene relevancia, porque no es una persona muy lúcida y mentalmente ha sido captado por el grupo chavista.
“Este hombre se ha convertido en una pieza utilizable de la izquierda totalitaria”, narró.
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