El Parlamento catalán aplazó ayer el pleno para investir como presidente de Cataluña a Carles Puigdemont. La repentina deciforzada por la amenaza de castigos en los tribunales, creó un cisma en el independentismo.
Los nacionalistas preparaban otro día histórico para ayer, nombrando a Puigdemont presidente contra la voluntad del gobierno y los jueces españoles, que insisten en que el político catalán debe entregarse y presentarse en los juzgados acusado de rebelión antes de asumir ningún cargo. Sin embargo, poco antes de la sesión, Roger Torrent, presidente de la cámara y aliado de Puigdemont, anunció que el pleno de investidura quedaba anulado aunque “no desconvocado”.
Torrent dijo que mantendrá como candidato a la investidura a Puigdemont, pero que los servicios jurídicos del Parlamento necesitan tiempo para plantear un recurso a la decisión del sábado del Tribunal Constitucional español de prohibir que Puigdemont asumiera la presidencia de Cataluña desde Bélgica mediante intervención telemática o por delegación. “Ni la vicepresidenta [española, Soraya] Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional decidirán quién es el presidente Cataluña”, señaló.
Pero el aplazamiento generó una ruptura entre los dos grandes partidos independentistas Junts per Catalunya (JxCat, la formación de Puigdemont) y Esquerra Republicna de Catalunya (ERC, la formación de Torrent). Torrent asegura que llamó a Puigdemont cinco veces por teléfono a Bélgica para comunicarle que no iba a desobedecer a los tribunales proponiéndolo como presidente. Puigdemont no le contestó al teléfono y se enteró por los medios de comunicación de que no habría investidura.
JxCAT acusó luego a ERC de no haber consensuado la medida. Los independentistas están muy divididos. Los pragmáticos quieren presentar un candidato alternativo a Puigdemont para tener un presidente y comenzar a gobernar. Uno de sus argumentos es que, mientras no se vuelva a la normalidad institucional, el gobierno central no levantará la suspensión sobre la autonomía catalana que impuso en castigo por el intento de proclamar la independencia el pasado 27 de octubre.
Los fieles a Puigdemont aseguran que él es el único presidenciable legítimo y que renunciar a su candidatura supone rendirse a las imposiciones del presidente español, Mariano Rajoy. Por eso están dispuestos a que, si Puigdemont no tiene apoyos para ser investido, se repitan las elecciones dentro de dos meses con los mismos candidatos.
En un mensaje grabado y difundido en redes sociales, Puigdemont pidió unidad a los partidos independentistas. Aseguró que no hay otro aspirante posible para encabezar el Ejecutivo regional. “Mis intenciones permanecen intactas”, afirmó.
El gobierno de Rajoy consideró que “el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno” de ayer fue “la consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho, tanto por la acción del gobierno como de los tribunales”. El Tribunal Constitucional dio el sábado un plazo de 10 días para presentar alegaciones contra su prohibición de la investidura de Puigdemont. Según Torrent, hasta que no venza ese plazo no se fijará nueva fecha para la sesión de investidura, lo que podría retrasarla hasta mediados de febrero.
Las medidas de seguridad alrededor del Parlamento catalán ayer fueron especialmente intensas. El gobierno español quería evitar que el político apareciera por sorpresa en la cámara para ser investido y llamar a la rebelión. Registraron incluso el cofre de los coches en los que se acercaban los periodistas y los diputados al edificio. Tras conocerse la suspensión del pleno, cientos de manifestantes que se habían reunido alrededor del Parlamento para celebrar la designación de Puigdemont saltaron el cerco policial y rodearon el edificio, aunque no hubo ningún incidente grave. Con información de DPA
