Sao Paulo.— Un juez del máximo tribunal de Brasil anuló ayer todas las condenas en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que le permitiría postularse a la presidencia en las elecciones del próximo año.
La decisión también dejó al descubierto las divisiones políticas del país. Los izquierdistas celebraron el retorno del líder de 75 años al ámbito político, mientras los conservadores señalaron que los fallos equivalen a impunidad.
Otros vieron la decisión, basada en argumentos procesales, como un intento por preservar una extensa pero criticada investigación de corrupción que ha derivado en múltiples condenas a poderosos empresarios y políticos, pero que también ha sido señalada de irregularidades.
La decisión del juez Luiz Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal no sacó conclusiones sobre la extensa investigación conocida como Lavajato, enfocada en la paraestatal petrolera Petrobras y de donde surgieron las pesquisas contra Lula. En su lugar, el magistrado señaló que la corte federal de la ciudad de Curitiba, en el sur del país, que sentenció a Lula en dos ocasiones por corrupción y lavado de dinero, no tenía jurisdicción. Los casos serán enviados a un tribunal federal del Distrito Federal de Brasil, donde podrán empezar de nuevo.
Pero Deltan Dallagnol, quien procesó a Lula como jefe del grupo de trabajo de Lavajato, dijo en Twitter que el fallo podría poner fin a todo el caso en contra del expresidente debido a que habría prescrito. Lula aún enfrenta otros procesos en Brasil, pero esos están lejos de una decisión final.
Los abogados de Lula emitieron un comunicado en el que celebraron la decisión, diciendo que “se apega a todo lo que hemos dicho durante más de cinco años en estas demandas”. Pero la prensa brasileña reportó que el fiscal general del país, Augusto Aras, aliado del presidente conservador Jair Bolsonaro, se prepara para apelar el fallo.
Lula aseguró que la anulación de sus condenas confirma “ la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba es el reconocimiento de que siempre estuvimos correctos en esa larga batalla judicial”. El exmandatario fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento con valor de un millón de dólares como soborno de parte de la compañía constructora OAS. Lula ha negado ser propietario del inmueble.
Otra condena giró en torno a la supuesta propiedad de un rancho en Atibaia, a las afueras de Sao Paulo. Fue encarcelado en abril de 2018 y liberado en noviembre de 2019 por un fallo de la Corte Suprema.