San José.– México reconoció ayer parcialmente su responsabilidad internacional en el caso del asesinato de la abogada y defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido en 2001 y admitió reabrirlo con una investigación independiente y reparar e indemnizar a la familia de la víctima, pero rechazó su culpabilidad en la violación del derecho a la vida de la mujer.
El acto mexicano lo “consideramos un gesto de buena voluntad procesal muy importante”, dijo la jueza costarricense Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), al cerrar ayer dos días de audiencias sobre el homicidio que empezaron el lunes.
“Quisiera reconocer de parte de la Corte” la decisión del Estado, afirmó, al recordar a los delegados de los parientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Estado que cualquier acuerdo sobre la reparación a la familia debe ser notificado al tribunal a más tardar el próximo 27 de mayo.
Tras dos días de exposiciones virtuales de testigos, especialistas y otros comparecientes, el reconocimiento fue anunciado por el mexicano Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y principal expositor de la delegación estatal en ambas audiencias.
“El reconocimiento de responsabilidad incluye los hechos que el Estado acepta como ciertos”, explicó Celorio.
Detalló que se dio por probado que “la Fiscalía encubrió el asesinato de Digna Ochoa haciéndolo pasar por suicidio”, mientras que la CIDH “en concordancia con el informe de verificación técnica” de sus expertos, alegó que “el Estado si investigó, pero que hubo errores tan graves que no pudieron subsanarse”.
Celorio se refirió a que el crimen fue investigado por lo que anteriormente fue la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal y hoy es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El homicidio ocurrió el 19 de octubre de 2001, cuando la Procuraduría estuvo bajo el mando, como Jefe de Gobierno de la ciudad, del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El proceso fue cerrado por la Procuraduría capitalina unos 10 años después, en la gestión de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno de la ciudad, de 2012 a 2018.
La comitiva estatal aceptó reabrir la indagación a nivel de Fiscalía y, si hay pruebas, avanzar a “sede judicial” para procesar, juzgar y eventualmente “condenar a los responsables”.
“Llegar a la verdad”, planteó Celorio, es el “ánimo del Estado mexicano”.
El (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización hemisférica de derechos humanos y parte del equipo que defendió a la familia, aclaró que, basado en la Convención Americana de Derechos Humanos, emitida en 1969 y que rige el debate, el Estado expresó su disposición a otorgar “reparaciones” a los parientes de Ochoa y a reabrir la indagatoria para resolver los errores.
Sin embargo, negó ser culpable de violentar el derecho a la vida y a la integridad de Ochoa.
Al llevar el litigio a la Corte en octubre de 2019, La CIDH culpó al Estado de la “vulneración del derecho a la protección judicial” de Ochoa, activista del (no estatal) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En sus conclusiones de un trámite que prácticamente quedó listo para sentencia, la mexicana Karla Micheel Salas, abogada del (no estatal) Grupo de Acción por los Derechos Humanos de México y representante de la familia, acusó que Ochoa fue víctima de un “crimen de Estado”.
Al ratificar que “la hipótesis” del suicidio “carece de sustento”, pidió que la reapertura sea hecha por un mecanismo con “independencia de servicios periciales”.
El Grupo, Cejil y la CIDH insistieron ante la Corte que Ochoa fue asesinada por su trabajo como activista de los derechos humanos al defender a ecologistas, estudiantes universitarios, campesinos, ex guerrilleros y otras personas perseguidas por estructuras militares del Estado mexicano.
El homicidio de Ochoa se produjo en un “contexto generalizado” de violaciones a los derechos humanos en especial de 1995 a 2005 y en un “clima de impunidad”, aseguró la abogada argentina Viviana Krsticevic, de Cejil.