Palma, Arizona
Israel T vive con miedo. Mexicano, sin documentos, acaba de ser liberado de un centro de detención de ICE en Aurora, Colorado, en medio de la pandemia del coronavirus. “La gente está muy temerosa. Ya me soltaron, pero estoy asustado, no sé si traigo el virus. Hay gente infectada [en las cárceles] y no hay orden, están juntos”, cuenta a EL UNIVERSAL.
“No nos dieron nada ni para taparnos la boca y la nariz ni para desinfectar o limpiar. Hace unos días que salí y me vine a casa de unos parientes, pero tengo miedo de contagiarlos, no sé si tengo la cosa esa —el Covid-19—.
“Me dijeron que me quede encerrado sin ver a nadie dos semanas, y eso estoy haciendo, pero de todos modos tengo miedo, porque puedo lastimar a la gente que quiero y que me está ayudando”, dice angustiado.
Tiene un ruego: “Que los dejen salir, que les pongan a todos uno de esos grilletes —en los tobillos—” para que las autoridades sepan dónde andan, pero “que los dejen salir”.
Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia del coronavirus, con más de un millón de contagios y una cifra de decesos que supera los 63 mil. Los centros de detención de migrantes no han sido la excepción: de acuerdo con datos de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hasta el 21 de abril se reportaron 287 agentes y 142 internos que dieron positivo al Covid-19.
Aun así, de acuerdo con Univision, el gobierno del presidente Donald Trump apenas ha aplicado pruebas para saber si están infectados a 1.3% de la población total de quienes no tienen papeles para acreditar su estancia y que se encuentran privados de su libertad.
El dilema es doble
“Queremos que los dejen en libertad, pero tenemos miedo de que los que salen estén infectados y enfermen a alguien” confiesa el familiar de Israel, que lo recogió cuando salió del centro y pidió el anonimato. “Le preparamos un lugar y ahí está hasta que se cumplan dos semanas y vayamos a que le hagan una prueba”, explica.
Según reportes de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus siglas en inglés), hasta hace unas semanas el ICE tenía en sus centros de detención alrededor de 37 mil personas sin documentos. Recientemente dejaron libres a 700, que se suman al apenas 9% de ese total que recibieron la misma medida; aún quedan unos 33 mil 700 en esas cárceles.
La desesperación de los familiares es mucha. “¿Y si se infecta y muere? ¡No vamos a poder ni siquiera volver a verlo!”, expresan a este diario Carlos Eduardo y su esposa, quienes tienen a un hijo detenido en un centro de ese tipo en Palma, Arizona.
“Hemos pedido que lo suelten y a todos los migrantes, que no son delincuentes. Ahorita que no hay para dónde hacerse, con este asunto del virus tenerlos ahí y sin ninguna protección es como sentenciarlos a muerte; es una necedad que podría costarles la vida”, insiste Carlos.
También lee: Detectan 45 casos de Covid-19 en penal de Puente Grande en Jalisco
“Sabemos que han estado soltando a algunos, pero no es suficiente, tienen que salir todos, por lo menos a los que no tienen ningún delito en sus registros, como mi hijo” dice la esposa de Carlos Eduardo.
Su hijo está detenido desde noviembre de 2019, y aunque la ley obliga a darle seguimiento a los procesos, “todo ha sido lento y mal hecho. Ahora con esta situación [de la pandemia] las cosas están peor que nunca, especialmente por el riesgo de contagio”.
Ana Rodríguez, vocera de la proinmigrante Alianza Popular de Colorado, habla de la otra cara del problema: los menores detenidos. “Casi nadie habla de ellos, porque técnicamente no están en manos de las autoridades como ICE o la Patrulla Fronteriza, sino del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, pero ahí también hay reportes de riesgos y de contagios. No podemos quedarnos callados.
En la actualidad se desconoce el número exacto de los que alberga; no obstante, se sabe que hay una gran preocupación por no contar con el cuidado correspondiente que necesitan para evitar contagiarse del Covid-19.
El Congreso de Estados Unidos obliga por ley al ICE y a todas las autoridades federales involucradas a que durante cada año fiscal mantengan en custodia un promedio de 34 mil personas sin papeles, de manera itinerante, para que los administradores de los centros obtengan los recursos del gobierno suficientes para operar.
La gran mayoría de estas instalaciones son servicios de la iniciativa privada. “Lo que esperaríamos de las autoridades es que suspendan al menos temporalmente la obligación de esa ley para que muchos de ellos puedan salir y salvarse, porque esto no es un juego, sino un asunto de vida o muerte”, sentencia Carlos Eduardo.
Su esposa es enfática sobre el caso de su hijo: “Tenemos miedo de que pueda infectarse, pero no por eso vamos a dejar de recibirlo en casa. Lo llevaremos a que le hagan una prueba y no creo poder dejar de abrazarlo, es mi hijo y está sufriendo mucho”.
