Más Información
La Paz.— La expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez dirigió ayer cartas a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, en las que pide la presencia de una misión de observación para que “evalúe, de manera objetiva”, su aprehensión.
Áñez, detenida la madrugada en el departamento amazónico del Beni, entregó estas misivas al secretario General de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de la Unión Europea en Bolivia, Michael Doczy, en las que denuncia una “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.
Áñez apeló a que tanto la OEA como la UE fueron testigos del “fraude en las pasadas elecciones de 2019”, que dieron como ganador a Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo, comicios que posteriormente fueron anulados en medio de una crisis política y social en el país.
En las misivas también denunció que ella y sus exministros interinos de Energía y de Justicia, Álvaro Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, respectivamente, quienes se encuentran en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fueron “trasladados ilegalmente a La Paz, con el inicio de un injusto juicio penal”.
El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, pidió resolver las acusaciones a Áñez dentro de la justicia y sin política.
La exmandataria interina señaló que las autoridades bolivianas han vulnerado el principio constitucional del debido proceso y el principio constitucional de la presunción de inocencia. También pesan órdenes de aprehensión en contra de los exministros interinos de la Presidencia, de Gobierno transitorio y de Defensa, Yerko Núñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente. Los dos últimos no están en el país.
“No es persecución”
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La exmandataria no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta, sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”. Morales dijo por Twitter “que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo, que se presta a arbitrariedades”. El gobierno de EU urgió a Bolivia a “defender” los derechos civiles interamericanos.
