San José.— La mexicana Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, aseguró que es “muy preocupante“ que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intentó “múltiples veces minimizar la gravísima crisis de violencia de género que existe en el país”.
Una cultura patriarcal y machista en México “devaluó a las mujeres a ciudadanas de segunda clase”, alertó la principal dirigente en el hemisferio occidental de AI, organización mundial, no estatal e independiente de defensa de derechos humanos con sede en Londres. El siguiente es un extracto de la entrevista de Guevara con EL UNIVERSAL:
¿Cómo describe el problema de la agresión a las mujeres en México?
—Es un flagelo y una deuda pendiente que muestra que los gobiernos han actuado ineficazmente y, en muchas ocasiones, negligentemente para prevenir esta violencia que se debe a una cultura patriarcal y machista que devalúa a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Las instituciones nunca dieron prioridad al ejercicio fundamental de los derechos humanos de las mujeres.
México, en una de las peores crisis de derechos humanos del hemisferio, es ejemplo de incapacidad, indolencia y negligencia de los gobiernos ante esta violencia. México ocupa uno de los primeros lugares en número de feminicidios, de desaparecidas, de niñas y adolescentes con embarazos por violencia sexual e impunidad para los crímenes contra las mujeres.
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Ha aumentado la cantidad de denuncias de mujeres en marginación y pobreza que sufren violencia. Pero las fiscalías no están adaptadas ni capacitadas para investigaciones expeditas e imparciales.
¿Qué pasa con la legislación en México para proteger a las mujeres?
—México es un país de leyes e instituciones que se quedan en el papel. Hay múltiples leyes federales y en los estados que se han quedado en promesas de papel.
México cuenta con un sinnúmero de instituciones que tendrían que prevenir esa violencia, pero son ineficaces y sin recursos humanos y financieros o capacitación para enfrentar la gravísima crisis de feminicidios y violencia de género, que lleva muchos años desbordada y no es responsabilidad de un solo gobierno o una sola administración.
Es una responsabilidad compartida. Ningún gobierno, incluso el del presidente López Obrador, ha realmente enfrentado con seriedad esta crisis. Es responsabilidad del presidente López Obrador haber hecho una reducción sustancial en el gasto público para atender los derechos humanos de las mujeres.
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En 2019 hubo una brutal disminución de 20% del presupuesto público nacional para salud materna, sexual y reproductiva. En 2020 también hubo un recorte presupuestal del Instituto Nacional de la Mujer y de los fideicomisos de refugios de mujeres y otros programas.
¿Hay falta de voluntad política para enfrentar esta violencia?
—Muchos factores muestran la falta de voluntad política. En México se carece de información efectiva.
Los datos disponibles han fallado para reflejar una múltiple violencia que va desde la de género en familia hasta la comunitaria, la sexual, la del crimen organizado, la de agentes del Estado, la tortura sexual en detenciones arbitrarias y en las cárceles, la discriminación a las indígenas, afro-mexicanas, lesbianas, transexuales, trabajadoras sexuales y domésticas. Hay múltiples violencias económicas y obstáculos de acceso a la justicia.
La falta de información es un obstáculo intencional creado por los propios gobiernos que no han invertido en generar una respuesta para recolectar información sobre el diferente tipo de violencia, ayudar a construir programas que incluyan a las mujeres al tomar decisiones. Fracasaron los insípidos esfuerzos puestos en práctica a nivel federal y en los estados para atender la violencia porque no tomaron en cuenta a las víctimas.
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¿Crece también la represión policial a las mujeres?
—La violencia sistémica se refleja en la violencia policial [en México] contra las mujeres que valientemente toman las calles en actos de protesta para exigir la rendición de cuentas y la atención del problema.
La represión policial se está convirtiendo en la norma, en casos extremos con ataques a balazos. Vimos torturas y detenciones arbitrarias [en 2020] en una represión con un componente de género que ejerce la policía con violencia sexual que se está convirtiendo en un patrón común para silenciar a estas mujeres que valientemente siguen reclamando el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
Ha sido muy preocupante ver que el gobierno del presidente López Obrador ha intentado múltiples veces minimizar la gravísima crisis de violencia de género que existe en el país.
El presidente López Obrador (…) ha intentado deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos de las mujeres. Ha desacreditado la lucha por la igualdad y contra la violencia de género al estigmatizar a los múltiples movimientos y sobre todo a las protestas genuinas contra la violencia y exigiendo que su gobierno finalmente pueda tomar cartas en el asunto de manera seria.
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El discurso (de AMLO) es importante porque (…) no sólo se sigue fomentando que se genere esta violencia en total impunidad, sino que manda un mensaje a todas las autoridades de que efectivamente no pongan prioridad en atenderla.
Es importantísimo (…) que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad de protección de los derechos humanos de las mujeres y que por fin ponga prioridad a atender la violencia y a generar mecanismos de prevención.