Bruselas.— A pesar de ser una de las economías más abiertas del mundo, con 14 acuerdos de libre comercio que abarcan a más de 50 países, México es un país con un entorno incierto para la participación de la iniciativa privada.
Los riesgos para los inversionistas nacionales y extranjeros son múltiples, van desde la cancelación unilateral de megaproyectos y la promoción de reformas para revertir políticas emprendidas por la pasada administración, hasta la falta de progreso en materia de seguridad y lucha contra la impunidad, incluyendo ámbitos como la piratería.
La reflexión aparece en un informe elaborado por el Departamento de Comercio Internacional y el Ministerio de Exteriores de Reino Unido, en el que se analizan los problemas que las empresas británicas pueden enfrentar en México.
El documento, con fecha del 16 de febrero, es una actualización del examen realizado en 2015 sobre el entorno económico y político del país, así como de la propiedad intelectual, el crimen organizado, los derechos humanos, el soborno, la corrupción y el terrorismo. Es la primera publicación difundida tras la consumación de la salida de la Unión Europea (UE) y toma relevancia al publicarse en un momento en el que Reino Unido y México preparan el terreno para iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio.
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“La política económica de la administración de AMLO sigue generando incertidumbre. Revivir la suerte de Pemex, la compañía petrolera más endeudada del mundo, es la pieza central de esa política.
“La cancelación de proyectos a cargo de empresas internacionales como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la cervecería en Baja California han añadido incertidumbre entre los inversionistas, tanto nacionales como internacionales”.
El documento describe a Andrés Manuel López Obrador como el primer político izquierdista que llega al poder en la historia reciente de México.
Sostiene que en sus primeros dos años de gobierno se ha centrado en lanzar una serie de reformas y contrarreformas a las elaboradas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.
“El gobierno ha buscado revivir la suerte de las empresas estatales de hidrocarburos y electricidad, Pemex y CFE. El entorno se ha vuelto más difícil para la inversión privada y extranjera en el sector energético”.
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El reporte identifica la lucha contra la corrupción como otra de las grandes prioridades de AMLO. Reconoce que ha habido importantes avances: actualmente hay 15 exgobernadores bajo investigación, uno en la cárcel y otros exfuncionarios públicos de alto nivel procesados.
No obstante, “ha habido algunos contratiempos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción”. Señala que “el soborno y la corrupción son un problema importante en México”.
Igualmente llama la atención sobre las compras públicas. Señala que el gobierno está reforzando las directrices de licitación, así como las plataformas de contratación pública para reducir el riesgo de corrupción en la adjudicación de contratos, “pero esto puede conducir a que la oferta más baja gane sin tener en cuenta la calidad y, por supuesto, existen todavía vacíos legales que muchos aprovechan”.
En cuanto al Estado de derecho, señala que a pesar de que se han puesto a circular varias iniciativas para abordar los distintos desafíos, “la situación de seguridad y derechos humanos de México sigue siendo motivo de preocupación”.
“Siguen existiendo casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Según los datos de la Secretaría de Gobernación, más de 73 mil 200 personas continúan secuestradas, desaparecidas o en condición de desaparición forzada”.
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La impunidad sigue siendo rampante, 92.4% de los crímenes no son reportados o investigados. Estima que en México hay cuatro jueces por 100 mil habitantes, por debajo de la media global de 17 por 100 mil, y cada juez recibe aproximadamente 500 nuevos casos al año. El 43.4% de las personas en prisión esperan sentencia, y de los 69 países que integran el Índice Global de Impunidad, México aparece en el puesto 60.
“La seguridad sigue siendo un gran desafío en México. La tasa de homicidios permanece plana en niveles altos [28.8 por 100 mil habitantes], aunque los secuestros y las extorsiones han disminuido significativamente, puede deberse en gran parte a la pandemia”.
“Existe una preocupación constante por la violencia entre grupos del crimen organizado, así como por la militarización de la seguridad pública”, continúa. Advierte que las elecciones legislativas de junio podrían “alimentar aún más la incertidumbre y la inseguridad”.
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El documento también alerta a los empresarios sobre los riesgos que enfrentan sus patentes. Afirma que las violaciones en este rubro siguen siendo un problema importante, el país ocupa el puesto 71 de 129 países en el Índice Global de Propiedad Intelectual.
“Los esfuerzos para hacer cumplir los derechos de autor por parte del gobierno mexicano mejoran; sin embargo, los niveles de piratería siguen siendo altos”.
Entre 2016 y 2020, las autoridades destruyeron 13 millones de productos falsificados y 2 mil funcionarios recibieron capacitación para identificar estos productos. La falsificación cuesta a los mexicanos mil 500 millones de libras cada año.