San José. – La desaparición forzada con fines políticos llevó a las adopciones ilegales en América Latina y el Caribe .
La desaparición emergió en la zona en la década de 1960 al amparo del principio de seguridad nacional de Estados Unidos: combatir a las guerrillas izquierdistas latinoamericanas y caribeñas que se intensificaron con la influencia hemisférica desde 1959 de la revolución comunista de Cuba y su alianza ideológica y militar con la Unión Soviética.
Amnistía Internacional (AI), organización global de defensa de derechos humanos , calculó que, de 1966 a 1981 hubo unos 70 mil detenidos—desaparecidos por la guerra sucia y la represión en México y las dictaduras militares derechistas y aliadas a EU de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Haití.
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Con la dictadura militar que gobernó a Argentina de 1976 a 1983, la adopción ilegal proliferó. Hijas e hijos recién nacidos de madres y padres detenidos, desaparecidos y asesinados por el régimen castrense fueron robados, regalados o vendidos por las fuerzas militares argentinas para adopciones ilegales, dentro y fuera de Argentina.
Abuelas de la Plaza de Mayo, institución (no estatal) argentina de derechos humanos, resolvió de 1978 a 2019 un total de 130 casos de hijas e hijos de desaparecidos a los que localizó en familias adoptivas en Argentina y en el exterior y les restituyó su verdadera identidad tras ser víctimas de negocios y atrocidades de la dictadura.
La guerra en El Salvador (1980—1992) se saldó con unos 80 mil muertos y desaparecidos y las guerras de Colombia (1964—2016) dejaron una cifra parcial de unos 225 mil muertos y unos 45 mil desaparecidos: las heridas siguen abiertas en ambos países por familias separadas a la fuerza.
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Finalizado el régimen militar y restablecida la democracia, Perú sufrió unas 20 mil desapariciones políticas en el gobierno (constitucional y luego de facto) de Alberto Fujimori, de 1990 a 2000.
Al describir a la desaparición forzada como “práctica criminal que abandona los valores de la dignidad humana”, la canciller de Chile, Antonia Urrejola, tuiteó anteayer que “se extendió en todo el continente (americano) como una técnica de terror, que buscó suprimir al otro y asegurar impunidad”.
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vcr