Bruselas.— La elaboración y el tráfico ilegal de drogas, así como algunas respuestas de los Estados en el marco de la aplicación de la política global de fiscalización de estupefacientes, está teniendo consecuencias ambientales devastadoras en los bosques, ríos, ecosistemas y comunidades rurales de los países productores y de tránsito en América Latina.
La alerta se desprende de una investigación realizada en el marco del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas y que es parte de un consorcio entre la Fundación Internacional e Iberoamericana en materia de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).
“Este informe muestra que el comercio ilegal de drogas tiene múltiples y significativos impactos ambientales, especialmente si se considera su convergencia con otras economías ilegales y delitos ambientales. En algunos casos, las medidas adoptadas por los Estados para contener y reducir la oferta de drogas ilegales, a través de la erradicación forzosa, la interdicción y el desarrollo alternativo, entre otras respuestas, también está tenido efectos directos y colaterales en el medio ambiente”, señala.
Lee también: Motivo por el que la plantación de árboles, para contrarrestar la deforestación, puede ser más dañina que beneficiosa
La crisis ambiental causada por la lucha contra las drogas ya no afecta sólo a los países donde se producen drogas ilegales, también en un número cada vez mayor de países de tránsito.
“Las evidencias demuestran las consecuencias negativas de la creación y el mantenimiento de las rutas y pistas de aterrizaje clandestinas, con la pérdida de bosques y el impacto sobre la fauna en los corredores biológicos y las áreas protegidas de los países centroamericanos, así como en la Amazonia”.
Uno de los impactos medioambientales causados por los cultivos ilícitos es la deforestación; hay un alza en los cultivos de coca en zonas protegidas. En 2022, en Colombia se identificaron cultivos en 13 de las 59 reservas naturales declaradas en el país, con un total de 10 mil 626 hectáreas, lo que equivale a 3.2 veces más que lo reportado en 2010.
En Perú, desde 2018 hay una tendencia ascendente en el uso de áreas naturales protegidas, pasando de 192 hectáreas a 439 en 2022. En tanto, en México de 2019-2020 se estimó la superficie usada para la siembra ilícita de amapola entre 17 mil 400 y 30 mil 900 hectáreas.
Lee también: Fiscalía pide adelantar audiencia de “El Mayo” Zambada al 17 de octubre
“Los cultivos ilícitos para la producción de drogas pueden afectar al aire, el agua y el suelo, así como perjudicar a la fauna y el entorno biológico en general, al igual que ocurre con otros cultivos agrícolas. Estos impactos se relacionan con las prácticas de trabajo, los requisitos y los aditivos usados en la producción, buscando rendimiento y calidad”.
“Los cultivos de coca requieren un uso intensivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, especialmente cuando se usan suelos sin potencial agrícola”.
Pero la deforestación no sólo está asociada a los cultivos de hoja de coca, cannabis y amapola. En Guatemala, Honduras y Nicaragua se estima que entre 15% y 30% de la pérdida de bosques está asociada a la expansión de las zonas de pastoreo, financiada por los ingresos del narcotráfico. A la destrucción de ecosistemas se suman los daños causados por la producción de estimulantes. Para ilustrar la gran cantidad de basura tóxica generada por la producción de drogas, hace referencia a la metanfetamina, que por cada kilogramo producido desecha hasta 10 kilogramos de sustancias químicas.
En el caso de México, se estima que la producción clandestina de metanfetamina podría generar entre 3 mil 102 y 3 mil 942 toneladas de residuos químicos. Algunos de los residuos generados en los laboratorios clandestinos son metales, disolventes y precursores. “Los activistas medioambientales han denunciado la contaminación de los ríos cercanos a las zonas de producción, lo que ha afectado a la fauna y la vegetación. La mayoría de las pruebas son anecdóticas, por lo que resulta difícil estimar el alcance de los impactos”.
Señala que la cantidad de residuos que produce cada laboratorio depende del método utilizado para sintetizar la droga, el número de personas que trabajan y su experiencia. “Quienes trabajan en laboratorios clandestinos no suelen ser químicos especializados, por lo que los procesos de limpieza, manipulación y eliminación de sustancias suelen ser bastante rudimentarios”.
Al deterioro causado por el narco, se agrega el producido por las respuestas del Estado, que van desde la fumigación aérea de cultivos, hasta la destrucción de laboratorios clandestinos. “Aunque existen manuales y directrices para la eliminación segura de los productos químicos utilizados en la fabricación de drogas ilícitas y sus residuos sin contaminar o, al menos, reducir su impacto, en la gran mayoría de las incautaciones realizadas en lugares remotos rara vez se aplican”.
El reporte titulado La destrucción silenciosa: Impacto ambiental de la producción y el tráfico de drogas y las respuestas estatales en América Latina y el Caribe, sostiene que el narco está cada vez más vinculado a otras actividades perjudiciales para el medio ambiente, como la minería ilegal, el contrabando de madera y el tráfico de especies protegidas, entre las que se encuentran guacamayas rojas, tiburones y jaguares.
Lee también: Canciller Bárcena presume en cumbre convocada por Biden en NY acciones contra fentanilo
“En México hay pruebas de que tanto el comercio legal como el ilegal de especies silvestres sirven de mecanismos para pagar por los precursores chinos usados en la producción de drogas ilegales”.
En tanto que la apertura de nuevas rutas, en respuesta a la demanda de cocaína en Europa y Estados Unidos y las intervenciones policíacas, además está expandiendo la problemática de los países productores a los de tránsito, en donde hasta hace poco el impacto del tráfico de drogas en la naturaleza había sido limitado. Ahora, sus áreas protegidas y corredores biológicos peligran.
“Las acciones del Estado, enfocadas en detener la oferta de drogas a través de la represión, han provocado el desplazamiento hacia rutas inhóspitas, con la creación de carreteras secundarias que atraviesan ecosistemas más vulnerables o sensibles”.
En países de tránsito, como Honduras, Guatemala y Nicaragua, se estima que el tráfico de cocaína y el blanqueo de dinero podrían representar entre 30% y 60% de la nueva deforestación cuantificada dentro de las áreas protegidas.