San José. – América Latina y el Caribe marcaron en los siglos XX y XXI una profunda diferencia con Estados Unidos en el comercio de armas de fuego al definirle rigurosas reglas a la iniciativa privada para restringir y hasta prohibir su acceso a cualquier persona, pero se consolidaron como un enorme bazar… ilícito de armamento que alimentó los conflictos armados que sacudieron al hemisferio occidental desde hace más de 75 años.
Con distintos tipos de armas excluidos del libre comercio y limitados al exclusivo uso de militares, policías y otros cuerpos estatales de seguridad, para que un latinoamericano o caribeño pueda adquirir una en un negocio legal del área primero deberá someterse a severas regulaciones penales, criminalísticas, legales, sicológicas, técnicas y sociales. El objetivo es verificar su idoneidad y su capacidad para obtener autorización de tenencia.
“El filtro es positivo. Las armas no deben estar en manos de cualquiera”, afirmó el sicólogo costarricense Esteban Ruiz, tirador deportivo y dueño de Psicoseguridad S.A de Costa Rica, que capacita en normas técnicas, mentales y éticas, con prueba sicológica y curso y examen teórico y práctico, a la persona que pedirá el permiso de portación a entes oficiales.
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“No queremos que inescrupulosos atenten contra la credibilidad de portadores responsables. No vendo armas ni municiones: vendo capacitación para que los individuos cumplan legalmente con los requisitos. Si detectamos a alguien que va a causar problema, nuestra responsabilidad es decirle que no y lo frenamos”, dijo Ruiz a EL UNIVERSAL.
“El primer permiso tarda unos tres meses y la renovación, cada dos años, unos dos meses. Si luego que se otorga se halla una anomalía legal o mental, como violencia doméstica o conducción vehicular temeraria, el Estado puede cancelarlo”, explicó.
Con matices por país, la normativa es similar en el resto del continente en una realidad que combinó rigurosidad y fragilidad en comparación con EU, escenario de frecuentes y mortales tiroteos por la apertura total que, al amparo de la Segunda Enmienda, da derecho constitucional a apropiarse con facilidad de un arma.
Paralelo a la rigidez formal y en el papel en algunas naciones, como Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua o Argentina, para el control de las armas en poder legal de la población, en el hemisferio occidental—de México a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice o de Perú a Ecuador, Brasil y Chile—sobrevivió un mercado mortal, clandestino e informal.
Las agrupaciones irregulares que proliferaron en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX y se prolongaron al XXI, se involucraron en el mercado de armamento ilícito, desde guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, traficantes de personas, drogas, metales preciosos o bienes arqueológicos, hasta secuestradores y otras modalidades de la criminalidad.
Cuando en 1996 acabaron las guerras civiles de Guatemala (1960—1996), El Salvador (1980—1992) y Nicaragua (aproximadamente de 1975 a 1990) que impactaron a la zona, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que unos dos millones de armas livianas quedaron ocultas en Centroamérica y fueron filtradas al crimen organizado o traficadas para atizar el conflicto bélico más antiguo de América: el de Colombia, que estalló en 1964.
Cargamentos de armas y municiones fabricadas en Europa son transportados en barco de Países Bajos a Surinam y entran a suelo surinamés sin pasar controles aduaneros, al considerar que es un viaje entre puertos nacionales por un beneficio comercial que Ámsterdam concedió a su antigua colonia del norte de América del Sur.
La mercancía luego es reenviada por rutas encubiertas a Colombia, Brasil, Venezuela y otros mercados de América Latina y el Caribe, para abastecer al crimen organizado desde la antigua Guayana Holandesa que, tras independizarse en 1975 de Países Bajos, llegó a convertirse en base del narcotráfico.
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Restrictivos
En los regímenes izquierdistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua hay férreas pautas restrictivas.
Tras un sangriento estallido de protestas callejeras antigubernamentales en 2018 en Nicaragua, el cuestionado gobierno nicaragüense cerró las armerías y, en una transacción a crédito, se apoderó de sus existencias y abasteció a sus efectivos policiales y paramilitares para evitar que cayeran en poder de opositores. Con sus bodegas vacías, esos comercios ahora solo venden rifles de balines y pistolas de salva.
Venezuela, que registró violencia política en el siglo XXI, prohibió en 2011 la venta a la población civil, aunque una ley de 2013 promovió el desarme y el control de armas y de municiones.
“Esta ley es inoperativa: un ciudadano común está inhabilitado de acceder a un porte legal. Solo los privilegiados o con alguna relación con el poder (oficialista) están habilitados”, denunció la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa.
“La política pública de desarme y control de armas en Venezuela es deficiente, opaca y dista de ser eficiente y que dé seguridad a los ciudadanos. (…), mientras aumentan los homicidios y la violencia con armas de fuego”, aseguró San Miguel a este diario.
“Se supondría que existiría un cabal control de la importación y la comercialización de las armas y municiones en Venezuela. Realmente no ocurre de esa manera”, agregó.
La situación en Brasil también exhibió ribetes políticos. La politóloga, comunicóloga y académica brasileña Deysi Cioccari describió a este periódico que una de las bancadas “más grandes” del Congreso de Brasil “es la de las armas, compuesta por políticos que abogan por dar el armamento a la población civil y flexibilizar las leyes relacionadas con las armas”.
Al subrayar que son parlamentarios “más conectados con los valores conservadores” y con el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como uno “de sus grandes representantes”, Cioccari indicó que las campañas electorales de esos legisladores son “financiadas por empresas o socios de empresas (de las) industrias de armas”.
Aunque en Brasil hay exigentes directrices para comprar y portar un arma, con evaluación mental y penal en un prolongado proceso técnico y burocrático, Bolsonaro y sus aliados favorecieron aflojarlas para armar a la ciudadanía y enfrentar a la criminalidad.
“El sistema brasileño (está) permeado por el miedo con la tesis de que ‘el buen bandido es el bandido muerto’ hace que Bolsonaro sea apoyado por gran parte de la población que tiene la sensación de peligro inminente”, narró Cioccari.
Un dato desnudó una característica de la violencia continental: el Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego, difundido en julio de 2020 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), reveló que el 75% (unos 130 mil) de los homicidios (173 mil) en América en 2017 fueron cometidos con armas de fuego.
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