América Central, un reto para AMLO

San José

Como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador deberá lidiar con el más grave polvorín político, socioeconómico e institucional en Centroamérica del siglo XXI y el peor desde el final de las conflagraciones armadas regionales en 1996.

López Obrador tendrá un antecedente crucial: México se involucró de lleno en las décadas de 1970 y 1980 en la crisis del istmo por las guerras en Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992) y Nicaragua (1977-1979 y 1981-1990) en la puja comunismo versus anticomunismo y por su impacto regional.

Enfrentado al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan (1981-1988), quien prefirió la vía armada a la pacífica para resolver las dificultades centroamericanas, México se unió en 1983 a Venezuela, Panamá y Colombia para crear el Grupo de Contadora, que chocó con Washington y apoyó a Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras a cumplir un pacto de paz que firmaron en 1987.

El acuerdo silenció las armas sin saldar las deudas socioeconómicas y el vecindario sur de México sigue siendo explosivo: organismos mundiales alertaron que más de la mitad de los 6.6 millones de centroamericanos están en la miseria y que 6.2 millones están malnutridos, en una zona con minorías favorecidas por la concentración de la riqueza.

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que aducen que carecen de recursos para atender sus problemas sociales, consumieron 24 mil 377.2 millones de dólares en gasto militar de 1988 a 2017, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, centro no estatal de Suecia que estudia los presupuestos castrenses. Costa Rica y Panamá carecen de ejército.

Guatemala, El Salvador y Honduras están entre las naciones más violentas del mundo, con 77 mil 746 homicidios y femicidios de 2013 a 2017, de acuerdo con datos oficiales.

Violaciones a los derechos humanos, impunidad, ingobernabilidad y corrupción política, judicial, policial, militar, partidista y empresarial agravan el panorama.

Surgidas en EU hace 40 años, las Maras Salvatrucha y 18 se afianzan en el área con sicariato, extorsiones, narcomenudeo y otros delitos, mientras se asientan el narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado, como trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y contrabandos de madera, bienes arqueológicos y mercancías variadas.

En el detonante coctel se infla una bomba migratoria de tres focos rojos. Por un lado, miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños huyen de la inseguridad regional y, vía México, viajan por tierra como migrantes irregulares a EU.

Por el otro, miles de nicaragüenses escapan a Costa Rica y Honduras del masivo repudio que estalló en abril pasado en Nicaragua contra el presidente Daniel Ortega, para exigir democracia y libertad con un saldo preliminar de muertos que ya oscila entre 198 y 550, en su mayoría por la represión oficialista.

En un tercer flanco, centenares de africanos y asiáticos protagonizan una travesía terrestre y marítima del sur al norte de América procedentes de Asia y África, pasan de Centroamérica a México en ruta a EU.

Al frágil entarimado se añade un factor: una clase política en desprestigio acelerado.

Hay cuatro ex presidentes presos por presunta corrupción —los guatemaltecos Álvaro Colom y Otto Pérez; el salvadoreño Antonio Saca y el panameño Ricardo Martinelli— y uno —el salvadoreño Mauricio Funes— en asilo político en Nicaragua tras huir de El Salvador por supuestos actos corruptos.

Sin la violencia política de Nicaragua, Honduras vive inestabilidad desde que en noviembre de 2017, en un hecho sin precedentes en ese país en el que la reelección quedó constitucionalmente prohibida desde 1981, el presidente de turno —Juan Orlando Hernández— se reeligió en comicios calificados como fraudulentos por los opositores. Las protestas poselectorales dejaron cerca de medio centenar de muertos.

Con el ascenso de López Obrador, emerge una idea para desplegar un “Plan Marshall”, que sirvió para reconstruir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pero ahora en Centroamérica.

La meta es atacar al germen de la migración —violencia, pobreza y exclusión social— con un financiamiento de México, Estados Unidos, Canadá y de la comunidad internacional por unos 30 mil millones de dólares.

Planes similares con apellidos y nombres pomposos de finales del siglo XX e inicios del XXI, como Kissinger, Sanford, Tuxtla Gutiérrez, Puebla-Panamá o Alianza para el Progreso, para auxiliar a Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, nunca se concretaron o fracasaron… por corrupción y sin democracia ni institucionalidad.