Bruselas
Al primer ministro de Hungría, Viktor Mihály Orbán no se le escapa ni una sola oportunidad para lograr avanzar en el proceso de consolidación de su proyecto autocrático.
Desde su arribo al poder en 2010, el líder del partido nacionalista Unión Cívica Húngara (Fidesz) ha exprimido al máximo los momentos en que la Unión Europea (UE) está distraída tratando de apagar chispas aisladas que se convierten en grandes incendios.
Aprovechó en 2015 el mayor éxodo migratorio registrado desde la Segunda Guerra Mundial para acosar a la oposición, desarticular la independencia judicial y restringir el pluralismo informativo y el margen de actuación de los organismos no gubernamentales.
En su momento, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, las resumió como un conjunto de acciones hacia “la putinización” del gobierno de Hungría.
Ahora explota el estado de emergencia sanitaria con motivo de la pandemia por coronavirus para hacerse de poderes ilimitados. En medio de la crisis sanitaria, el Parlamento húngaro aprobó por 137 votos a favor y 53 abstenciones, una nueva ley que permite a Orbán gobernar por decreto y sine die; es decir, sin fecha límite.
La normativa sobre protección contra el Covid-19 o T/9790 introdujo dos nuevas medidas punitivas: hasta cinco años de cárcel por propagar noticias falsas sobre la pandemia y hasta ocho por romper la cuarentena y provocar la muerte en consecuencia por ese comportamiento. Las elecciones y los referéndums fueron aplazados por el tiempo que dure la emergencia.
Orbán prometió usar los nuevos poderes con “proporcionalidad y racionalidad” y su secretario responsable de la comunicación internacional, Zoltan Kovacs, dijo que la ley “se limita exclusivamente a la lucha contra el coronavirus. Está apegada a los valores de la UE, el Estado de derecho y la libertad de prensa”.
“Un estado de emergencia indefinido y sin control no puede garantizar los principios básicos de democracia ni que las medidas de emergencia que limitan los derechos humanos fundamentales sean estrictamente proporcionales a la amenaza que debe contrarrestar”, reviró Marija Pejcinovic, secretaria General del Consejo de Europa, organismo con sede en Estrasburgo, en una misiva enviada al mandatario húngaro.
Para Judy Dempsey, del think tank Carnegie Endowment, la maniobra de Orbán tiene como objetivo transformar a Hungría en un sistema autoritario y supondrá un peligroso modelo a imitar en tanto sea tolerado por la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dos organizaciones que suponen ser guardianes de los valores democráticos.
Son múltiples las herramientas a disposición de Bruselas para detener la cruzada antidemocrática del pequeño socio del Este. El Partido Popular Europeo podría expulsar de su familia política al Fidesz de Orbán, pero se ha mostrado dividido, quizá por el costo, 12 valiosos escaños de los 187 disponibles en el Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo, máximo órgano de decisión de la UE, tiene la capacidad de suspender el derecho a voto de uno de sus miembros. En 2018 se inició un procedimiento que abre las puertas a ese escenario, luego de que la Comisión Europea activara contra Hungría el Artículo 7, pero para que prospere requiere de la unanimidad de las partes, lo que resulta imposible debido a que Polonia está sujeta a ese proceso desde 2017.
Con la negociación en curso del presupuesto de la Unión para el periodo 2021-2027, se abre la puerta para introducir un mecanismo de condicionalidad sobre los fondos de cohesión, diseñados para reducir la brecha económica entre los socios miembros.
De 2014 a 2020, a Budapest le asignaron 21.9 mil millones de euros. Sujetar los futuros fondos al buen manejo de las libertades fundamentales resultarían en un efectivo instrumento de presión.
Sin embargo, es “difícil ver que Bruselas actúe en este momento. La UE y la mayoría de los líderes del bloque sólo pueden gestionar una crisis a la vez. Contener la pandemia es la prioridad número uno, no confrontar los poderes de Viktor Orbán”, sostiene Dempsey.
De ahí las tímidas reacciones expuestas a la fecha. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “particularmente preocupada por la situación en Hungría”; 13 países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, España, Portugal, Suecia y Letonia) expresaron en una carta su “profunda preocupación por el riesgo de violación de los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales derivados de la adopción de ciertas medidas de emergencia”.
La sociedad civil europea no está dispuesta a esperar y exige la actuación de Bruselas, cuya agenda política ha quedado completamente desarticulada por la lucha contra el virus pandémico.
Una carta difundida el 15 de abril por Transparencia Internacional y firmada por 30 eurodiputados y 50 organizaciones civiles, incluyendo la Federación Europea de Periodistas, exige a la Comisión y el Consejo Europeo tomar acciones rápidas y decisivas para abordar las amenazas al Estado de derecho que están teniendo lugar bajo la apariencia de medidas de emergencia.
“La crisis no debe servir como una cortina de humo para actividades antidemocráticas y asfixiar a la sociedad civil participativa”, destaca el documento.
