San Salvador.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amagó ayer con continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados y al fiscal general.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde este 1 de mayo.
Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.
También destituyeron al fiscal General, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia. Después le siguieron los abogados Marina Marenco de Torrento y Carlos Ernesto Sánchez. Todos adujeron razones personales y familiares.
Poco antes de su renuncia, los tres magistrados habían suscrito una sentencia que declaraba inconstitucional la destitución. Los tres fueron electos para el periodo 2018-2027.
Los diputados acusan a los magistrados de incurrir en violaciones a la Constitución, generando vulneraciones al derecho a la vida, seguridad jurídica, al principio de seguridad y legalidad, con las resoluciones emitidas cuando frenaron algunas incisivas del presidente Bukele para combatir la pandemia.
En cuanto al fiscal Melara, dijeron haber comprobado que existe un vínculo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Melara tachó de “totalmente inconstitucional” su destitución y también presentó su renuncia irrevocable.
La condena a lo ocurrido el sábado continuó ayer: los senadores estadounidenses Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y Patrick Leahy, del Comité de Asignaciones, emitieron una declaración en la que dicen que la destituciones son “una emboscada autocrática profundamente preocupante que sin duda viola el espíritu de la Carta Democrática Interamericana y el principio fundamental de respeto hacia la separación de poderes”.
En contraste, en apoyo a Bukele, la embajada de China en San Salvador sostuvo que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la carta de la ONU”.
En este contexto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció un pronunciado incremento en las vulneraciones a la libertad de prensa y no descartó que en medio de la situación política que enfrenta el país se dé persecución a comunicadores como, dijo, ocurre en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
De acuerdo con cifras de la APES, entre enero y abril pasados las agresiones contra la prensa se elevaron más de 109%, pasando de 54 en 2020 a 113 en el referido lapso de 2021.