En vísperas del tercer aniversario de un acuerdo por la preservación del Amazonas, los países que poseen este bioma en su territorio no han logrado combatir la devastación o trazar un plan para captar financiamiento internacional.
La situación de la selva se ha agravado desde la firma, en septiembre de 2019, del Pacto de Leticia por el Amazonas, realizado por los representantes de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Una entrevista divulgada en julio por los científicos brasileños del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), mostró por primera vez que algunas partes de la selva están emitiendo más gases de efecto invernadero que los que almacenan, lo que puede acelerar aún más los efectos de los cambios climáticos en todo el planeta.
La temperatura política de la región también subió. El entonces presidente peruano Martín Vizcarra, uno de los creadores del pacto, fue sucedido por Pedro Castillo, cuyos proyectos para el Amazonas aún se desconocen.
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Brasil pierde protagonismo
Frente a la indignación internacional por la deforestación y los incendios, Brasil, hogar de 61.8% de la selva amazónica, viene perdiendo su lugar como portavoz de la región y lo está tomando Colombia. El presidente Iván Duque, anfitrión del Pacto de Leticia, es hoy el principal aliado estadounidense en América del Sur. Sin embargo, hasta ahora, el nuevo líder regional no ha convencido al mundo de que existe un intento concreto de proteger la selva.
Ole Reidar Bergum, consejero sobre Clima y Selvas de Noruega, considera que Duque y Vizcarra lograron generar “voluntad política” para que los países de la región asuman nuevos compromisos relacionados a la conservación del Amazonas, aunque algunos críticos hayan definido al pacto como un mero “acto simbólico” que se restringió a recordar las obligaciones adquiridas —y en varios casos no cumplidas— por estas naciones en otros acuerdos ambientales.
“Ciertamente sería más fácil atraer financiamiento internacional si las naciones amazónicas actuaran en forma conjunta. Sin embargo, este compromiso debe traducirse en resultados concretos en las políticas públicas de cada país”, resalta. “Esto implica, por ejemplo, interrumpir la expansión de la frontera agrícola, proteger áreas contra la apropiación y mantener las reservas indígenas”.
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“El gobierno brasileño está marcado por un nacionalismo defensivo y hostil con las organizaciones globales. El discurso antiambientalista de Bolsonaro es una amenaza planetaria, por su gran poder de destrucción. Colombia se hizo más confiable”, explica, “pero no es fácil firmar acuerdos de cooperación que beneficien a las áreas periféricas como la selva, donde buena parte del territorio está tomado por guerrillas y actividades económicas ilegales”.
Incluso habiendo perdido el protagonismo geopolítico en el discurso ambiental, Brasil sigue siendo el mayor captador de inversiones para la conservación del bioma. El país recaudaría “casi 70%, 80%” de todos los recursos internacionales destinados a la selva, informa Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Colombia.
Según él, es una distribución de recursos desproporcionada, que ignora los esfuerzos de conservación realizados por las naciones del Amazonas Andino.
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“Brasil capta casi 80% del financiamiento total debido a la idea de que, en términos climáticos, el aspecto más importante es la extensión de selva. Sin embargo, considerando la conservación estratégica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son muy importantes debido a cuestiones como la distribución de la biodiversidad por kilómetro cuadrado y la sensibilidad cultural de los pueblos indígenas”, defiende Botero, agregando que las cuatro naciones mantienen una región de la selva que es fundamental para la regulación del clima entre el Amazonas y los Andes.
Natalie Unterstell, maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y directora-presidenta del Instituto Talanoa (Brasil), asegura que no faltan recursos internacionales para la conservación del Amazonas.
“Hay recursos para quien presente buenas propuestas. Argentina recibió recientemente US$90 millones en el Fondo Verde del Clima para combatir el desmonte. Los países amazónicos deben empeñarse en el desarrollo de proyectos. Es necesario compartir los costes recurrentes que se requieren para la preservación de la selva, que exige medidas como la prevención de incendios forestales”, dice.
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Para Germán Andrade, profesor de la Universidad de los Andes (Colombia), el Amazonas no puede quedar sujeto a acuerdos débiles, excesivamente dependientes de la situación política de los países de la región.
“El Amazonas debe ser reconocida por su carácter ecológico y estratégico, es decir, como algo que va más allá de la separación artificial entre países. El mundo necesita avanzar hacia un acuerdo regional con apoyo global para la conservación de la selva”, indica.
Aislamiento venezolano
Poseedora de 5.6% de la selva amazónica, lo que equivale a 470 mil km², Venezuela no fue invitada a la firma del Pacto de Leticia. Caracas fue excluida debido a diferencias ideológicas con los países vecinos. Según el periodista ambiental venezolano, Edgar Cherubini, ver al presidente Nicolás Maduro reivindicando el bienestar del Amazonas sería el “cúmulo del cinismo”.
El periodista, radicado en Francia, considera que Maduro renunció a la soberanía de más de 180 mil km² de selva a cambio del apoyo de organizaciones criminales que promueven la extracción indiscriminada de minerales, la tala de árboles y la persecución a culturas indígenas.
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“Venezuela se aisló de foros internacionales y de tratados que mantienen los países vecinos contra los desastres ecológicos en Amazonas”, señala Cherubini. “Sería imposible que Maduro se comprometiese a la preservación sin traicionar su propia política. El presidente es el más impío depredador de la selva y violador de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Con aportes de El Tiempo de Colombia, El Comercio de Perú y El Nacional de Venezuela.
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