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El Grupo Mossack Fonseca , otrora poderoso consultorio jurídico panameño y corazón mundial del escándalo de “ Los Papeles de Panamá ” o “ Panama Papers ” que estalló en abril de 2016, fracasó en su intento de soportar la avalancha de presiones judiciales, económicas, financieras y políticas en su contra y anunció hoy que cerrará sus operaciones a finales de este mes.
En un lapidario comunicado que difundió en la capital panameña, el Grupo anunció que “el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes”.
“Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los clientes por todos sus años de solidaridad con nuestro grupo, especialmente a aquellos que a pesar de las situaciones actuales se han mantenido con nosotros apoyándonos a lo largo de este proceso”, subrayó.
La trama global de " Los Papeles de Panamá ” fue una masiva filtración de documentos descubiertos en una investigación periodística mundial hace casi dos años que desnudó las rutas de empresas, políticos, empresarios, artistas, deportistas, criminales y numerosos personajes para perderle el rastro a dinero, negocios y propiedades en trillos de evasión de impuestos, como paraísos fiscales y otros refugios tributarios internacionales.
En su boletín, el Grupo alegó que el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos ( ICIJ por sus siglas en inglés), que destapó la red cuya matriz fue el despacho de abogados de la capital panameña, “presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales”.
El negocio de sociedades extraterritoriales es lícito, alegó.
Por otra parte, el Grupo aclaró que un reducido número de trabajadores de la empresa continuará laborando, pero solo para culminar distintas gestiones administrativas, responder a requerimientos judiciales y de otras instancias panameñas y a sus últimos clientes.
Funda en 1977, la firma mundial con sede en la capital panameña, proveedora de servicios contables, fiduciarios y legales y oficinas en 27 países en los cinco continentes, con 370 empleados en Panamá y unos 600 en el resto del orbe, quedó en el centro de un escándalo global: fue el nervio central por su papel como uno de los cinco más grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades “offshore” en un país que, como Panamá , todavía es cuestionado como “paraíso fiscal”.
El señalamiento del Grupo como compañía estratégica en el secretismo de sociedades anónimas inscritas en Panamá y en otras naciones, para perderle la pista a negocios (legales o ilegales), fue logrado en una investigación revelada por el Consorcio, en una tarea de más de 370 periodistas en 70 países.
La crisis obligó al Grupo a reducir su número de trabajadores hasta llegar a menos del 10%, según la información oficial.
Al respecto, Mossack Fonseca explicó en el comunicado que, a consecuencia del escándalo, debió “iniciar un proceso de reducción de oficinas y personal en todo el mundo. El proceso se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo las leyes de cada país”.
En el comunicado recordó que aunque el trámite de las sociedades extraterritoriales es legal, Panamá es el único país que abrió causas penales en contra de los jerarcas del Grupo por suministrar ese servicio.
Los abogados panameños Jurgen Mossack (nacido en Alemania) y Ramón Fonseca Mora , socios fundadores del Grupo, fueron arrestados en febrero de 2017 en la capital panameña luego de que el Ministerio Público (Fiscalía General) de Panamá les acusó de estar envuelto en gigantesco entramado de corrupción de la “ Operación Lava Jato ”, descubierta en marzo de 201 en Brasil y que conmocionó a ese y a otros países por la red de sobornos a políticos y empresarios con recursos de Petrobras , la poderosa petrolera estatal brasileña.
Los dos estuvieron detenidos unos cuatro meses en Panamá pero siguen bajo investigación de la Fiscalía, porque supuestamente crearon una organización criminales para el “blanqueo” del dinero del caso Lava Jato .
El caso de “ Los Papeles de Panamá ” volvió a arrinconar a ese país centroamericano, por servir de plataforma para gran parte de las cuestionadas operaciones tributarias.
Pese al reiterado rechazo que el gobierno panameño proclamó desde abril de 2016, la Unión Europea ( UE ) insertó a Panamá en diciembre de 2017 en la lista de paraísos fiscales y aseguró que esa nación tiene un “régimen tributario preferencial dañino y no se comprometió a enmendarlo antes del 31 de diciembre de 2018”.
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