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San José.— El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, intensificó la hostilidad en contra de opositores y disidentes nicaragüenses tras ejecutar, anteanoche y ayer en la madrugada, una violenta batida policial y paramilitar de allanamientos en Managua y en otras partes del país sobre las sedes de organizaciones no estatales e independientes de prensa, defensa de los derechos humanos y promoción de la democracia.
En un agravamiento de la profunda crisis política que detonó en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, patrullas de choque invadieron el jueves, desde las 22:30 horas (mismo tiempo del centro de México), las instalaciones en la capital del conglomerado de medios de comunicación del periódico digital Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, consolidados por sus fuertes críticas y denuncias de las políticas de Ortega.
“Es un ataque directo a la libertad de expresión”, acusó el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de esos medios y proveniente de una influyente familia: su madre, Violeta Barrios, fue presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997, y su padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado en 1978 en Managua como director del diario La Prensa, de esa ciudad.
Los policías “entraron como delincuentes”, en una agresión “para acallar la libertad de prensa”, narró. Al advertir que “no lo lograrán”, porque los tres medios “seguirán al lado del pueblo denunciando los abusos del régimen”, describió que la sala de redacción fue asaltada “ilegal y violentamente” y anunció que el próximo lunes presentará un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia.
Un operativo similar fue lanzado en Managua en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que llevó un pormenorizado recuento de lo que denunció como violaciones a los derechos humanos cometidas por Ortega para reprimir las protestas que empezaron en abril. “Como vulgares ladrones, por el techo, se metieron” los policías al CENIDH, relató la activista Vilma Núñez, jerarca de la agrupación. “Destruyeron totalmente” la información documental y “violentaron nuestras oficinas”, narró.
El gobierno, que negó usar la represión política en casi ocho meses de protestas que surgieron inicialmente en rechazo a una reforma a la seguridad social que Ortega debió derogar, guardó silencio ayer sobre estos hechos. El repudio a la reforma derivó en un masivo reclamo contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para exigir democracia y libertad y el fin de lo que calificaron como régimen dinástico dictatorial instalado desde 2007.
Las batidas fueron ejecutadas también en las fundaciones Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), en el norte, del Río, en el sur, y Popol Na, en Managua, así como el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), ambas en la capital.
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los allanamientos.
Las acciones se realizaron luego de que Ortega ordenó esta semana a la Asamblea Nacional, bajo control oficialista, despojar a nueve organizaciones no estatales de su personería jurídica, al aducir que participaron en lo que catalogó como golpe de Estado lanzado desde abril anterior. Los grupos declarados ilegales son: CENIDH, ILLS, Cinco, Popol Na, IEEPP, del Río, Asociación Hagamos Democracia, Instituto para el Desarrollo de la Democracia y Centro de Información en Servicios y Asesoría en Salud.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los allanamientos. Su presidenta, María Elvira Domínguez, dijo que se trata de “otra descarada acción de violencia contra los medios que de manera valiente informan y exponen ante la ciudadanía el verdadero rostro de un régimen alejado de la tolerancia y la democracia”. Con información de EFE
