San José. – Rodrigo Chaves Robles asumirá el próximo 8 de mayo la presidencia de Costa Rica, la democracia más sólida de América Latina y el Caribe desde hace más de 70 años, enfrentado a una realidad: de los 3 millones 541 mil 908 electores costarricenses, más de 2 millones 300 mil votaron en su contra o ni siquiera sufragaron en los comicios presidenciales del pasado domingo y solo tiene 10 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa.
En una campaña que se concentró en los asuntos internos y eludió las grandes cuestiones de política internacional, Chaves deberá adoptar una decisión clave en torno a aceptar o rechazar insertar a Costa Rica en la Alianza del Pacífico, creada en 2011 por México, Colombia, Chile y Perú y uno de los principales foros políticos y comerciales de la zona.
Costa Rica se resistió a partir de 2014 a ingresar a la Alianza al aducir que significaría asumir compromisos agrícolas comerciales que dejarían en desventaja a los productores costarricenses.
Definido como un conservador en sus políticas sociales y de apertura en las económicas, Chaves mantendría los principios tradicionales de la política exterior de Costa Rica, como respeto a la democracia y a la paz, promoción del desarme o defensa de los derechos humanos, con México, por el norte, y Colombia, por el sur, como socios extrarregionales claves e históricos de este país.
En un escenario en el que el abstencionismo llegó al 42.8% con más de un millón 485 mil costarricense que se negaron a votar, a la debilidad interna de Chaves se le sumaría una sorpresiva controversia externa.
De 60 años, casado dos veces, con dos hijas y economista derechista, Chaves dio ayer una primera luz de política exterior, ya que reconocerá como legítimo al cuestionado gobierno izquierdista del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aunque se reeligieron, en noviembre de 2021, en unos comicios calificados como ilegítimos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Chaves anunció que, en su gobierno Costa Rica se acercará al régimen de Ortega y Murillo, tildado dentro y fuera de Nicaragua, como una dictadura dinástica.
“Mi visión es nombrar embajador en Nicaragua. Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra, ¿qué es eso de que no hay embajador? No, no. Fíjese en Ucrania y Rusia que están dándose balazos, destruyéndose uno al otro—uno más que el otro— y todavía están conversando”, alegó ayer en su primera conferencia de prensa como presidente electo.
Chaves minimizó las denuncias que surgieron en Nicaragua y en el exterior sobre las elecciones nicaragüenses y las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de Ortega y Murillo.
“Bueno, cuando expulsen a Nicaragua de la OEA ahí sí tendríamos” que evaluar el eventual retiro del embajador, argumentó. Nicaragua inició en noviembre de 2021 su retiro de la OEA, en un proceso que se prolongará por dos años.
“¿Quién dijo que conversar es hacer un endoso moral?”, agregó Chaves, del opositor Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con menos de cuatro años de creado.
No obstante, fuentes diplomáticas advirtieron que Ortega y Murillo aprovecharían la designación de un embajador de Costa Rica en Managua como un aval a su régimen por parte de la democracia costarricense. Costa Rica está sin embajador en Nicaragua desde 2018.
“Nombrar embajador sería un gravísimo error. Demuestra un desconocimiento total”, afirmó el diplomático costarricense Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua. “Un paso en ese sentido sería legitimar a la dictadura. Muchos países más bien están reduciendo su personal diplomático en Nicaragua”, dijo Sancho a EL UNIVERSAL.
“Por el contrario, lo que Costa Rica debe de hacer es exigir la inmediata liberación de los prisioneros políticos nicaragüenses que fueron encarcelados por la dictadura en los últimos cuatro años”, recalcó.
Fiel a sus principios democráticos que le consolidaron en la segunda mitad del siglo XX como el país más estable de América Latina y el Caribe, Costa Rica aceleró un distanciamiento con Ortega y Murillo desde que en 2018 estallaron en Nicaragua las más fuertes protestas antigubernamentales en demanda de libertad y democracia.
Cesado por el presidente costarricense, Carlos Alvarado, como su ministro de Hacienda (su fugaz paso por ese cargo fue del 30 de octubre de 2019 al 28 de mayo de 2020) y con 27 años de labor en el Banco Mundial en varias partes del mundo, Chaves gobernará por cuatro años en un escenario en el que Nicaragua es un foco de crisis para Costa Rica.
De 60 mil a 100 mil nicaragüenses migraron de Nicaragua a Costa Rica desde 2018 para huir de la represión y del agudo conflicto institucional en ese país, que también es clave como puente terrestre del intercambio comercial costarricense con México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Alvarado desconoció los comicios nicaragüenses que permitieron a Ortega y Murillo asumir en enero de este año un cuarto quinquenio consecutivo por el que podrán gobernar al menos hasta 2027.
Alvarado aseguró el 28 de marzo anterior en España que Nicaragua ya no presenta “ningún rasgo de democracia”, adujo que la situación en ese país “es muy lamentable” por las instituciones democráticas fueron “erosionadas, destruidas” y recordó que la oposición nicaragüense fue encarcelada en 2021 de previo a los comicios de ese año. Ortega y Murillo, que rechazaron ser represores y dictadores, ganaron la contienda electoral sin adversarios.
Con el 52.9% de los votos, Chaves ganó el pasado domingo la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Costa Rica al derrotar al ex presidente José María Figueres, del opositor y centro—derechista Partido Liberación Nacional (PLN), y mandatario de 1994 a 1998.
Figueres venció el 6 de febrero anterior en la primera vuelta y Chaves quedó de segundo. Figueres captó el domingo el 47.1%.
Alvarado entregará la banda presidencial a su ex ministro.