Bruselas
Las violaciones perpetradas, en un contexto de absoluta impunidad, en contra de grupos religiosos minoritarios en México inquietan a miembros de la Cámara de los Comunes.
A pesar de que el Brexit ha centralizado el trabajo legislativo en lo que va del año, el gobierno de Theresa May ha recibido durante ese periodo seis comunicaciones parlamentarias, cinco en abril, en las que se cuestiona a la autoridad británica si está al tanto de los abusos cometidos en México y cómo los está abordando con su contraparte.
El miembro del Partido Unionista Democrático, el norirlandés Jim Shannon, pide al Ministerio de Exteriores conocer “la evaluación que ha hecho sobre los reportes de intento de conversión forzada, penalizaciones infundadas, suspensión de los servicios básicos y desplazamiento forzado de personas debido a su creencia religiosa en México.
“Qué observaciones ha manifestado al gobierno de México sobre la impunidad de los autores de la persistentes violaciones a la libertad religiosa en ese país”, pregunta por su parte David Linden del Partido Nacional Escocés.
El independiente David Alton, con dos décadas de experiencia en Westminster, pone el acento en la vulnerabilidad de los niños.
“¿Alentará al gobierno a establecer mecanismos para responder rápidamente a los casos de desplazamiento forzado debido a la fe y a tomar medidas para garantizar que, durante el periodo de su desplazamiento, ningún niño involucrado se vea privado de su derecho a educación?”, de acuerdo con la misiva del legislador de la circunscripción de Liverpool.
El Ministro de Estado para las Américas del Ministerio de Exteriores, Alan Duncan, responde que la diplomacia británica ha estado en contacto con el gobierno mexicano y organizaciones no gubernamentales, como Christian Solidarity Worldwide (CSW), para conocer la situación sobre el terreno.
“Nuestra evaluación y del gobierno de México es que hay algunos casos de intentos de conversión forzada, multas ilegales, suspensión de servicios básicos y desplazamientos forzados motivados por su creencia religiosa, pero son aislados y no generalizados o endémicos”, de acuerdo con Duncan.
La comunicación, con fecha del 29 de abril, precisa que Londres seguirá trabajando con la sociedad civil para identificar “raras excepciones”.
“No compartimos el análisis del gobierno británico sobre la situación que enfrentan las minorías religiosas en México”, sostiene CSW en una comunicación por escrito con EL UNIVERSAL.
“Si bien la Constitución mexicana ofrece una fuerte protección a la libertad de religión o creencia, en muchas partes del país se registran violaciones que van de moderadas a severas”, indica.
Sostiene que los abusos son perpetrados principalmente por autoridades locales empeñadas en mantener la homogeneidad religiosa en sus respectivos pueblos.
Las víctimas son esencialmente personas que deciden abandonar las creencias de la religión predominante en el país.
Las violaciones están conformadas por un amplio abanico, que van desde denegar el acceso a la educación y servicios básicos, hasta detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, destrucción de propiedad y confiscación de bienes.
Los delitos, continúa, se cometen de forma rutinaria en todo el país, aunque los mayores casos tienen lugar en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero.
Está el caso de Alma, de 17 años, quien desde que fue forzada a abandonar su pueblo del municipio de Bolaños, Jalisco, en diciembre de 2017, junto con otras 60 personas, no ha podido acceder a la educación por ser protestante.
“El discurso del gobierno estatal sobre las violaciones de libertad de credo a menudo son confusas y contradictorias, y con frecuencia tienen como objetivo principal reducir el número de casos denunciados”, señala.
México es junto con Colombia el único país de Latinoamérica que figura en la lista elaborada por la organización estadounidense Open Doors de los 50 países en donde los cristianos enfrentan mayor persecución, concretamente en el escalafón 39, por delante de países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Sir Lanka.
“El gobierno británico debe plantear a México la cuestión de la tolerancia religiosa en cada oportunidad y promover y apoyar los esfuerzos para abordar los impactos de las violaciones de libertad de credo y religión y de desplazamiento forzado”, recomienda la organización con oficinas en Londres y Bruselas.