Bruselas.— Desde México hasta Perú, el número de mujeres en prisión preventiva ha aumentado exponencialmente como resultado de la aplicación “exprés” de este recurso en la lucha contra el narco, sostiene un informe publicado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés).
En algunos países de América Latina, incluso el porcentaje de mujeres bajo detención preventiva es mayor a las sentenciadas. También, es más probable que se mantenga a más mujeres que a hombres en esta condición. El estudio sostiene que una de las principales causas del aumento de la tasa de prisión preventiva es su “utilización obligatoria” para delitos relacionados con las drogas.
Sostiene que en México, por ejemplo, el Artículo 19 de la Constitución establece que la prisión preventiva es obligatoria y automática para faltas que la ley define como delitos graves contra la salud, incluyendo los relacionados con drogas. “En otras palabras, el juez, sin analizar las circunstancias del caso, automáticamente impone la prisión preventiva para ciertos delitos (…) lo que conlleva a un desproporcionado uso para delitos menores relacionados con drogas”, indica.
El IDPC es una red global con sede en Londres y que agrupa a unas 180 ONG especializadas en las diversas variantes relacionadas a la problemática de las drogas. El informe Prisión Preventiva en América Latina: el impacto desproporcionado en mujeres privadas de libertad por delitos de drogas, es publicado además por Advocacy for Human Rights in the Americas y el Centro de Estudios Jurídicos colombiano de Justicia.
El documento, con fecha de junio, sostiene que después de África, las América es la región que presenta el mayor número de personas encarceladas sin recibir condena, con un promedio de 36.3% de la población carcelaria. El fenómeno de la prisión preventiva se ha acentuado en las últimas dos décadas, con un crecimiento de cerca de 60%. Durante ese lapso, la población carcelaria femenina subió exponencialmente, 57.1% desde 2000, y un porcentaje significativo se encuentra en prisión preventiva.
En algunos países hay más mujeres detenidas bajo esta condición que sentenciadas: tal es el caso de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay; en este último supera la barrera de 70% de la población privada de su libertad.
Citando datos del Inegi de 2017, indica que más de 50% de la población carcelaria de mujeres no había recibido sentencia en 14 estados de la República Mexicana, con casos extremos como Michoacán, con 100%, “lo que significa que todas ellas se encuentran tras las rejas sin haber sido sentenciadas”.
Baja California Sur, Aguascalientes y Durango registran una tasa de 78%. “Igualmente, las mujeres en México permanecen proporcionalmente mayor tiempo en prisión preventiva que los hombres”. Aproximadamente una de cada cuatro mujeres en el país esperan entre uno y dos años para ser sentenciadas.
El informe recupera el testimonio de Natacha Lopvet, una ciudadana francesa que hasta hace poco estuvo 10 años en una cárcel mexicana por un delito de drogas. En su declaración, Lopvet no pone a debate si fue a culpable o no, sólo exhibe los abusos del sistema judicial y los múltiples obstáculos que enfrentó para poder defenderse. “Si hubiera tenido acceso a un abogado decente, habría salido en 15 días”, asegura.
El documento sostiene que el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva socava los principios de presunción de inocencia, legalidad y proporcionalidad, además de que contribuye en gran medida al hacinamiento carcelario, y frecuentemente expone a las personas detenidas a condiciones de maltrato.
Para reducir esta práctica recomienda reforzar los requisitos para determinar si la prisión preventiva es necesaria y justificada; reducir los tiempos de detención y establecer procedimientos para acelerar el procesamiento de casos penales.
