San José - Tercer ‘strike’ para la libertad en Venezuela. ¡Fuera!
Así, como en una contienda beisbolera, el chavismo oficialista cerró anteanoche las últimas hendijas de tolerancia ideológica y convivencia política en Venezuela. Si en ese país, en cualquier ámbito, se prohibirá pensar con preceptos neoliberales y conservadores, ¿qué pasará en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio con partidos opositores que defenderán esos principios y harán campaña y propaganda basados en esas proclamas ideológicas?
Venezuela quedará hoy a apenas 114 días de acudir a las elecciones, previstas como puente hacia el restablecimiento de la democracia en ese convulso país, pero en un escenario en el que cada día de este año perdió requisitos para lograr la meta de que la consulta en las urnas se hará en igualdad de condiciones, sin ventajas para nadie.
La crisis venezolana volvió a sufrir anteanoche un retroceso político. La Asamblea Nacional, controlada por el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, el izquierdista Nicolás Maduro, con al menos 256 de los 277 escaños, aprobó ese día en primer debate la denominada “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”.
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La ley “significaría un avance en la construcción de un modelo de gobierno totalitario” en Venezuela, advirtió Laboratorio de Paz, centro no estatal de Caracas promotor de democracia y derechos humanos.
La legislación agravará “aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población y alejándonos de la posibilidad de allanar el camino a una transición a la democracia”, precisó, en un análisis remitido a EL UNIVERSAL.
Al alertar que la ley “pretende, de manera retroactiva, criminalizar y castigar conductas previas a su aprobación, discutida y ratificada en un contexto electoral”, destacó que “su objetivo no es criminalizar sectores y actores antes de los comicios, sino incluso después”.
En contraste, la vicepresidenta de Venezuela, la izquierdista Delcy Rodríguez, alabó la ley en su cuenta de X (antes Twitter) y adujo que “detener el fascismo en el mundo es una tarea impostergable por el bien de la humanidad”.
“No solo se manifiesta en expresiones de odio, violencia y muerte, sino también en formas de fascismo económico, como el bloqueo criminal impuesto contra Venezuela” por Estados Unidos, añadió.
El régimen justificó que la ley buscará “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública” y “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”.
Presentada el martes de esta semana por Rodríguez a la Asamblea, que la aprobó el miércoles, prohibirá “el pensamiento ‘neoliberal’ y ‘conservador’ en todo el país”, aplicará “censura total” a las redes sociales de internet de personas que dañen la imagen del gobierno e impedirá reuniones marchas o desfiles que el régimen califique de fascistas. Asimismo, prohibirá centros de estudios y partidos políticos que sean definidos como fascistas.
De 30 artículos y pendiente de un segundo proceso de mero trámite, impondrá cárcel, multas e inhabilitación política por propagar lo que serán considerados como “mensajes prohibidos” en una ley mordaza o del silencio que facilitaría ilegalizar partidos opositores.
La legislación fortalecerá el dominio del régimen que, en unas elecciones en 1998 en las que compitieron candidatos y partidos de todo el espectro ideológico —neoliberales por la derecha, socialistas por la izquierda y socialdemócratas y socialcristianos por el centro— se instaló en el poder en febrero de 1999 con su líder, Hugo Chávez (1954-2013), y ya gobernó por 25 años seguidos.
Le ley reconfirmó el anunció que Maduro lanzó el 4 de febrero anterior de que, “por las buenas o por las malas”, ganará los comicios como candidato del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y afianzará su timón en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, al amparo de las fuerzas militares, policiales y paramilitares.
También consolidó el muro electoral que el régimen reforzó en 2024 e impidió en marzo anterior a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición partidista antichavista, inscribir a su candidata presidencial, la derechista Corina Yoris, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sometido al mando chavista.
Yoris sustituyó a la derechista María Corina Machado, designada en octubre de 2023 en comicios primarios por la PUD como su aspirante, pero inhabilitada de 2015 a 2036 a competir por cargos de elección popular por apoyar las represalias económicas que EU impuso a Maduro de 2014 a 2017 por violentar el orden democrático y violar los derechos humanos.
La represalia a Machado fue ratificada en enero de este año en coincidencia con encuestas que previeron que la opositora derrotaría en las urnas al mandatario. Machado reveló anteayer su temor de ser detenida por efectos de la ley.
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En una inscripción urgente sujeta a cambios y en una prórroga de 12 horas al mediodía del 26 de marzo que le concedió el CNE, la PUD pudo seguir en la brega electoral y registrar al opositor derechista Edmundo González como candidato.
La ley y el bloqueo del CNE a los opositores dañaron el pacto que chavistas y antichavistas firmaron, el 17 de octubre de 2023, en la caribeña isla de Barbados para garantizar comicios libres y limpios en 2024.
En un mensaje anteayer en X en su campaña para reelegirse para un tercer gobierno consecutivo hasta enero de 2031, con su cuestionada reelección en 2018, Maduro pregonó que “Venezuela tiene el sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo, y lo que va a pasar entre cielo y tierra está marcado” y prometió que, frente al acoso del imperialismo de EU para dañar al país, “tendremos elecciones libres y verificables”.
También en X, Machado mostró otra imagen de Venezuela en un final beisbolero: “El pueblo venezolano está luchando por la libertad y democracia contra el régimen socialista”.