San José. – El Centro Bancario Internacional de Panamá , uno de los más importantes del mundo y albergue de 66 bancos de América, Europa y Asia, decidió incluir al cambio climático como uno de los peligros financieros en los mecanismos de “correcta gestión y administración del riesgo de crédito”.
El Centro, establecido en 1970, cuestionado en la década de 1980 como posible foco del blanqueo internacional de dinero del narcotráfico y consolidado en el siglo XXI como pieza bancaria referente regional, continental y mundial, abrió un portafolio al cambio climático como un factor que debe mantenerse bajo vigilancia por su impacto financiero global para preservar “la confianza pública” en el sistema.
“Incorporar” el elemento ambiental consiste en la posibilidad de que un banco “incurra en pérdidas por los impactos ambientales y sociales negativos ocasionados por el otorgamiento de créditos para el financiamiento de proyectos”, advirtió la Superintendencia de Bancos de Panamá , instancia pública y privada que regula las labores del Centro.
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Las pérdidas también pueden surgir “por actividades provenientes del entorno” en el que se desenvuelve un proyecto financiado por un banco, como un desastre natural y otros hechos, y que pueden afectar “en forma significativa el sistema económico, social o ambiental”, añadió la Superintendencia.
En una resolución que adoptó el mes anterior, la Superintendencia se involucró por primera vez en el creciente conflicto mundial por el cambio climático, ocasionado por la intensificación de los gases de efecto invernadero por las emisiones industriales con la quema de combustibles fósiles y sus secuelas severas en el calentamiento global, entre otras causas.
Con activos por 136 mil 643 millones de dólares a septiembre de 2022, los 66 bancos del Centro registraron a ese mes un total de depósitos por 61 mil 86 millones de dólares, según datos oficiales.
Las alertas
De acuerdo con la Superintendencia , los efectos negativos del cambio climático o de los esfuerzos por atenuarlo podrían tener consecuencias económicas y financieras en una entidad u organización bancaria, ya sean físicas, de transición y de responsabilidad.
Al destacar “la importancia de mitigar los riesgos financieros asociados al clima como una potencial fuente de riesgo que, de materializarse, podrían tener consecuencias negativas para las instituciones financieras y el adecuado funcionamiento del sistema financiero”, sugirió varias vías ante la crisis del clima.
Tras mencionar que “los estándares y mejores prácticas internacionales desarrollados sobre los riesgos financieros asociados al clima, orientan los procesos y actuaciones que los bancos deberán considerar para una adecuada gestión y administración de dichos riesgos”, expuso tres escenarios: físicos, de transición y de responsabilidad.
Los físicos “son aquellos que se derivan de las potenciales pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de eventos climáticos extremos o por los cambios graduales y a largo plazo en los patrones climáticos” y pueden ser agudos, “cuando son provocados por un desastre en específico o por el aumento en los fenómenos meteorológicos” , detalló.
También “pueden ser crónicos cuando obedecen a cambios a largo plazo en los patrones climáticos, como cambios en los regímenes de precipitación y variabilidad extrema en los patrones climáticos, aumento de la temperatura media de la región y aumento de los niveles del mar”, indicó.
Los de transición son de carácter político, jurídico y tecnológico, puntualizó.
“Son aquellos asociados a la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, que puede generar cambios políticos, tecnológicos y en el mercado para abordar las medidas de mitigación y adaptación relacionadas con el cambio climático”, explicó.
Los políticos y jurídicos “se derivan de aquellas medidas que buscan limitar las acciones que contribuyen a los efectos adversos del cambio climático o que buscan promocionar la adaptación al cambio climático, como el establecimiento de precio del carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la transición energética hacia fuentes con menos emisiones, la implementación de medidas de eficiencia energética, de agua o de uso del suelo”, aclaró.
El tecnológico se produce por “las mejoras o innovaciones tecnológicas que apoyan la transición a una economía baja en carbono como nuevas tecnologías emergentes más eficientes y menos contaminantes” y métodos para almacenar energía y capturar carbono “que podrían afectar la competitividad de determinadas empresas o actividades económicas, sus costos de producción y distribución y la demanda de sus productos y servicios”, reseñó.
El de mercado surge “de cambios en la oferta y la demanda de algunas materias primas, productos y servicios, por cambios de comportamiento y preferencias de clientes e inversionistas o consumidores”, afirmó.
Asimismo, hay uno de índole “reputacional” por “las percepciones cambiantes de los clientes o de la comunidad” sobre la “contribución de determinadas empresas o sectores económicos tradicionales a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono”, recalcó.
El de responsabilidad legal vinculado al clima resulta “de las pérdidas potenciales que se puedan generar por acciones u omisiones que causen pérdidas o daños asociados al cambio climático” con procesos judiciales para buscar compensar la reparación de los daños, aplicar medidas preventivas y de mitigación y asumir “los costos correspondientes”, resaltó.
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