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Las políticas regresivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han sentido en todo el mundo en sólo un año de mandato, según el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional (AI) divulgado ayer y en el que abordó también los temas de la crisis venezolana, el aumento de las restricciones en Cuba y la violencia contra la mujer y las minorías en América.
La organización presentó por primera vez el documento en Washing-ton para alertar de que “los pasos atrás” en derechos humanos dados por Trump “sientan un peligroso precedente para otros gobiernos”.
“Las ondas de choque de la presidencia Trump se han sentido globalmente, incluido el veto a la entrada de personas de varios países de mayoría musulmana y otras políticas antiinmigración que amenazan la seguridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”, se afirma en el documento, que abarca a 159 países.
El primer año de Trump, según AI, estuvo marcado por una actuación “pésima” en derechos de la mujer, el apoyo público a la tortura, los intentos de quitarle la cobertura sanitaria a millones de personas, el minar a los medios, la ambigüedad hacia el supremacismo blanco, la discriminación de los transgénero y la consideración de relajar las restricciones a la exportación de armas pequeñas.
En su análisis, AI dedicó un lugar especial a Venezuela donde, advirtió, se afronta “una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, alimentada por una escalada de violencia promovida por el gobierno”. La organización denunció que “cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y muchas más sufrieron las consecuencias del uso excesivo e indebido de la fuerza por los cuerpos de seguridad en respuesta a las protestas públicas generalizadas”.
Sobre Cuba, AI señaló que las “restricciones indebidas” al acceso y libertad de expresión en internet se suman a las formas tradicionales de censura en la isla, donde persisten las detenciones arbitrarias y “hostigamiento” a los críticos con el gobierno.
La seguridad pública de Brasil se ha deteriorado en el último año, periodo en el que aumentó el despliegue de las fuerzas armadas para labores policiales a causa de la violencia en Río de Janeiro.
El conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con la FARC, ahora convertida en partido político, por la acción de otros grupos ilegales, consideró AI.
AI también denunció la grave situación en el Triángulo Norte, incluyendo la prohibición del aborto en El Salvador y la represión postelectoral en Honduras. Los feminicidios, la impunidad y los ataques contra defensores de los derechos humanos persisten en Nicaragua, recordó.
