Berlín.- La empresa armamentística alemana Heckler & Koch está siendo investigada por un presunto soborno a diputados para que aprobasen la venta de fusiles y ametralladoras a México , un envío que está siendo juzgando al margen por supuesta exportación ilegal.
Según la televisión pública alemana " ARD ", la Fiscalía de Stuttgart ha abierto una investigación contra un exdirectivo de Heckler & Koch por el presunto soborno entre 2009 y 2010 , de responsables políticos con el objetivo de que le concediesen a la empresa el permiso necesario para la exportación de armamento a México .
La investigación se inició a raíz de correos electrónicos intervenidos al exgerente de Heckler & Kock , llamado Peter Beyerle ; la televisión pública añade ahora un documento remitido a la auditora de la empresa armamentística, KPMG .
Según este informe, Heckler & Koch entregó 5.000 euros a dos parlamentarios del Partido Liberal -que fueron transferidos a cuentas de la formación- y otros 10.000 euros a una asociación local de la Unión Cristianodemócrata ( CDU ), el partido de la canciller Angela Merkel.
Tres semanas después de la transferencia, según " ARD ", Beyerle escribió al político más conocido de esa asociación local de la CDU , el jefe de su grupo parlamentario en el Bundestag , Volker Kauder , pidiéndole su apoyo en la concesión del permiso de exportación.
El portavoz de la Fiscalía de Stuttgart , Heiner Römhild, indicó al canal de televisión que se está investigando si estas donaciones a los partidos tuvieron algún efecto en la concesión del permiso a Heckler & Koch .
La Audiencia Provincial de Stuttgart , abrió el pasado 15 de mayo un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis exempleados de Heckler & Koch después de que la fiscalía considerase que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
Según la Fiscalía, los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de 4.500 fusiles, así como ametralladores y munición por valor de 4,1 millones de euros en zonas mexicanas con problemas de violencia, algo prohibido según la legislación alemana.
Los acusados rechazaron los cargos y aseguraron que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas.
En el centro de este proceso, que continuará hasta octubre, está una reglamentación que exige a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las mismas.
Normalmente, el receptor acepta no vender las armas a países terceros, pero en el caso mexicano, el compromiso según la fiscalía, había sido no destinarlas a determinadas zonas problemáticas.
El proceso deberá aclarar si los acusados tenían información sobre esa reglamentación, así como el papel desempeñado por la empresa.
agv