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Alcaldes catalanes investigados por colaborar con el referéndum independentista se acogieron ayer a su derecho a no responder ante la Justicia, por considerar que la fiscalía se está extralimitando en sus funciones.
Los juzgados volvieron ayer a protagonizar el contencioso institucional en España derivado de la intención del Ejecutivo de la región de Cataluña de celebrar una consulta secesionista el 1 de octubre, suspendida por el Tribunal Constitucional. La decisión de 712 de los cerca de un millar de alcaldes con que cuenta Cataluña de ceder espacios municipales para albergar la consulta de octubre llevó a la fiscalía a citarlos por desobedecer la orden del Constitucional de no colaborar.
Los primeros regidores en comparecer se acogieron al derecho constitucional a negarse a prestar declaración y a la salida explicaron a la prensa que la fiscalía se está extralimitando al imputarles y que la causa del referéndum está judicializada.
El otro punto de atención estuvo ayer en el Congreso español donde el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) impidió sacar adelante una propuesta de apoyo total al gobierno del presidente Mariano Rajoy frente al desafío secesionista.
La formación Ciudadanos (liberales) habían propuesto cerrar filas en torno al Ejecutivo español (PP, centroderecha), pero los socialistas, los izquierdistas de Podemos y las formaciones nacionalistas lo impidieron.
Mientras tanto los agentes de la Guardia Civil siguen trabajando para impedir la consulta convocada para el 1 de octubre, considerada ilegal, y ayer incautaron de documentación relacionada con el censo del referéndum independentista durante el registro de una empresa de mensajería de la periferia de Tarrasa, en la periferia de Barcelona.
A diferencia de lo intervenido en otros registros, en este caso se trata de material directamente relacionado con el censo del referéndum y no simplemente propaganda. La incautación desató protestas. Un grupo de independentistas trataron de impedir la entrada de la autoridad judicial a la sede de la empresa.
Según el diario El País, unas 400 personas se reunieron ante la sede de la empresa de mensajería Unipost tras el registro policial, algunas de ellas con banderas secesionistas catalanas y coreando lemas como “fuera policía española”.
La Agencia Española de Protección de Datos abrió este lunes una investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán con vistas a la eventual consulta.
La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, un organismo estatal, y el proceso para elaborar el listado para unos comicios no se inicia hasta que la convocatoria no se publica en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Constitucional.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió hace unos días a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa ante la consulta del 1-O que no acudan a esa llamada.
El vicepresidente del Ejecutivo regional y responsable de Economía, Oriol Junqueras, dijo ayer que seguirá gestionando las finanzas de la comunidad después de que el gobierno español acordara el pasado viernes asumir los gastos esenciales de Cataluña para verificar que no deriva recursos públicos al referéndum del 1-O. Las autoridades de Barcelona presentaron un recurso ante el Supremo que incluía una petición de suspensión provisional de esa medida y Junqueras aseguró que el Supremo lo ha admitido a trámite. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo negó al afirmar que el Tribunal no ha tomado medida cautelar alguna respecto al control de las cuentas catalanas y que la admisión a trámite del recurso significa que “lo va a estudiar”, sin prejuzgar nada.
