Miami.— Durante una reciente conferencia de prensa en Chicago, Illinois, Tom Homan, designado por Donald Trump, próximo mandatario, como “zar de la frontera”, declaró que el gobierno federal no respetará las políticas de las ciudades santuario en su misión de aplicar las leyes de inmigración.
“Chicago está en problemas porque su alcalde [Brandon Johnson] apesta y su gobernador [J.B. Pritzker], apesta”, afirmó Homan, anunciando que esta ciudad sería el primer objetivo de las operaciones intensificadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por las deportaciones masivas. Además, advirtió que las detenciones no estarán restringidas a lugares tradicionalmente considerados como zonas sensibles.
Esta postura también incluyó amenazas explícitas sobre la posibilidad de realizar detenciones en hospitales, escuelas, templos y funerarias. Homan dejó claro que “no habrá lugares seguros para quienes estén violando nuestras leyes”.
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Johnson, después del anuncio de Homan sobre las redadas, declaró que quiere discutir varios temas con él y le ha pedido que se reúnan. Según Johnson, quiere encontrar formas de colaborar con las autoridades federales que no impliquen la persecución indiscriminada de inmigrantes.
Dijo que quiere asegurarse de que los derechos de los inmigrantes sean respetados y que no se realicen deportaciones masivas sin el debido proceso.
“Johnson dice que quiere discutir cómo mantener la seguridad en Chicago sin recurrir a tácticas que puedan sembrar el miedo en las comunidades inmigrantes. Eso es absurdo, el miedo ya fue sembrando y la idea de que el alcalde se reúna con Homan sólo pone más nerviosos a los migrantes, especialmente a los indocumentados”, dice a EL UNIVERSAL la mexicana Jeanette Vizguerra, quien fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2017 después de permanecer como refugiada en un centro religioso de Denver, Colorado; “si quiere ayudarlos, que asignen abogados [especialistas en inmigración] para que los defiendan; eso es lo que necesitan”.
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También el alcalde de Nueva York, ciudad santuario, Eric Adams, anunció su intención de reunirse con Homan, para colaborar en la detención de indocumentados con antecedentes criminales. “Este viraje del alcalde neoyorquino para tratar de evitar un choque con la administración Trump, no le va a servir de mucho porque Homan, al final, va por todos y esta actitud de Adams es interpretado como el quiebre de una ciudad santuario que podría afectar a otras”, subraya la líder comunitaria.
Según el The New York Times, “algunos exfuncionarios de ICE creen que la administración Biden no hizo lo suficiente para que esas ciudades y condados volvieran a cooperar con las autoridades federales. “Esa es la diferencia entre la administración Trump y la administración Biden”, dijo John Fabbricatore, un exfuncionario de ICE que respalda los esfuerzos de Trump. “No hubo ningún esfuerzo por parte de la administración Biden y habrá un esfuerzo por parte de la administración Trump”.
El caso de Florida y sus condados es diferente: no hay ciudades santuario oficialmente reconocidas. En 2019, el gobernador Ron DeSantis, republicano y pro-Trump, firmó la Ley 168 del Senado, que prohíbe a las ciudades y condados del estado adoptar políticas de santuario. Esta ley requiere que las autoridades locales cooperen con las autoridades federales de inmigración y no protejan a los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos. “Vemos que en Florida no existe ningún tipo de cobijo hacia los migrantes, pero aun así hay manera de defenderse y salir adelante”, dice Vizguerra.
En otras ciudades santuario con alta población hispana, como la de Los Ángeles, California, su alcaldesa Karen Bass ha sido clara en su postura sobre la protección de las comunidades inmigrantes. El gobernador de California, Gavin Newsom, también ha destacado la importancia de proteger a las comunidades inmigrantes y ha criticado las políticas de inmigración del gobierno federal que buscan intensificar las deportaciones. En Texas, los alcaldes de Austin, Dallas, Houston y San Antonio han sido consistentes en su postura de proteger a indocumentados y limitar cooperación con las autoridades federales de inmigración.
La necesidad de órdenes judiciales para llevar a cabo detenciones en estos casos es relativa; ICE generalmente requiere una orden de arresto firmada por un juez para ingresar a propiedades privadas, como domicilios. Sin embargo, en lugares públicos o accesibles al público, como escuelas, hospitales, iglesias y funerarias, la necesidad de una orden de cateo puede variar según las circunstancias y la política vigente.
“Lo que no deben perder de vista los migrantes es que si alguna autoridad se presenta en su casa, en su domicilio, en primer lugar no abran, aunque sean autoridad no tienen que abrirles; sólo que lleven una orden de cateo firmada por un juez”, afirma Vizguerra; “es muy importante que se informen, si llevan una orden, tienen derecho a guardar silencio, no respondan ninguna pregunta y muy importante, no firmen ningún papel, no firmen nada; todo esto es parte de nuestros derechos.
“Me ha llamado gente que tiene 30, más de 30 años y les digo: ‘Mire honestamente mi recomendación es que piense muy bien lo que va a hacer’, porque llevamos a veces más de la mitad de nuestra vida aquí, trabajando bien duro, dejando nuestros impuestos y no se vale aventar todo por algo que no está perdido”, explica Vizguerra, quien en 2017 se refugió en la Primera Sociedad Unitaria de Denver, Colorado, para evitar su deportación.
“Todos, indocumentados y documentados deben involucrarse en esta lucha social, tenemos derechos y deben informarse. El hecho de que te detengan no significa que estás perdido y que automáticamente los van a deportar; no, no es así”, asegura Vizguerra, “la mayoría, la gran mayoría de las personas que están aquí [como indocumentados] no tienen récord criminal y sólo por eso no pueden deportarlos; si tienes 10 años o más en este país, no tienes récord criminal, pagas impuestos y has trabajado decentemente ningún juez te va a deportar; sólo hay que dar la batalla, prepararse, asesorarse, ir con un abogado”, explica. “Además la gran mayoría va a poder pagar una fianza y seguir su caso en libertad, ya sin la amenaza de volver a ser detenido”.
Un vocero de la American Civil Liberties Union (ACLU) dijo a este medio que “amenazar con realizar arrestos en lugares sensibles como hospitales, escuelas y templos es un acto de crueldad innecesaria, lo que además podría ser un acto ilegal de las autoridades (...) Estamos listos para enfrentar sus abusos y nos veremos en las cortes”.
La National Immigration Law Center dijo que “Homan ignora deliberadamente el impacto devastador que estas políticas tendrán en familias trabajadoras y comunidades enteras. Los inmigrantes indocumentados no son criminales; son vecinos, trabajadores y parte fundamental de este país y estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo para enfrentar los abusos porque toda persona en territorio estadounidense tiene derechos”.
“Nos estamos organizando muy bien, van a haber muchas, decenas de miles de demandas y vamos a estar en ese estire y afloje [con las autoridades] y las cortes van a comenzar a frenar lo que [Trump] quiere hacer y a eso hay que sumarle el costo económico que la administración Trump va a gastar sin poder llegar al número de deportaciones que quiere”, asegura Vizguerra y explica que “hoy los procesos de deportación están atrasados alrededor de dos a tres años; hay millones de casos atorados, ¿qué quiere decir esto? Que en muchos casos, pasará la administración de Trump y esos millones que dicen que estarán en proceso de deportación seguramente podrán salir adelante más pronto y quedarse en el país sin volver a ser perseguidos”.