La tarde del martes 5 de diciembre, se conoció la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, que ordena liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien purga una condena a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Pero no es la única condena que el Poder Judicial dictó en su contra. Estas son las cinco sentencias contra Alberto Fujimori:
Casos La Cantuta y Barrios Altos (2009)
El 7 de abril del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín, sentenció a Fujimori en un fallo de carácter histórico para la comunidad nacional e internacional.
Según el fallo, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.
Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en Fujimori, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
El fallo describió la teoría de la autoría mediata. Es decir, Alberto Fujimori ejerció mando militar en el aparato de poder –que también integraron el Montesinos y Hermoza– y tuvo dominio del hecho sobre la empresa criminal conjunta. Por lo tanto, señalaron, no era necesario que Fujimori se reuniera con mandos de menor categoría, ya que él tenía control de los mandos intermedios.
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La compensación de tiempo de servicios para Vladimiro Montesinos (2009)
El 20 de julio del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 7 años y medio de prisión por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica al probarse el pago de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS).
Si bien el expresidente ya había admitido los hechos formulados en la acusación fiscal y reconocido haberse apropiado de 15 millones de dólares del Estado para entregarlo a Montesinos con el fin de “pagarle” sus servicios y que saliera del país, no mostró ningún propósito de enmienda y negó haber cometido algún delito.
Este proceso por corrupción duró apenas una semana, pues Fujimori prefirió acogerse a la conclusión anticipada.
Congresistas tránsfugas y compra de líneas editoriales (2009)
El 30 de septiembre del 2009, Alberto Fujimori fue condenado por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema también le impuso el pago de S/27′060.216 por reparación civil por los tres casos de corrupción.
Días antes de la lectura de sentencia, Alberto Fujimori había admitido los cargos para acogerse a la terminación anticipada y evitarse un largo proceso. Se le impuso una pena de seis años de prisión. La fiscalía había pedido ocho años.
El allanamiento ilegal (2007)
El 11 de diciembre del 2007, Alberto Fujimori fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones por ordenar a un militar que suplantara a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de su entonces asesor Vladimiro Montesinos. Esto tras la difusión del primer ‘vladivideo’.
La justicia determinó que fue un allanamiento ilegal que Fujimori dirigió personalmente. El hecho ocurrió el 7 de noviembre del 2000. Esta fue su primera condena.
Durante la lectura de la sentencia, el relator de la vocalía suprema de instrucción insistió en que el expresidente había comisionado a un falso fiscal y a sus edecanes de confianza para que allanaran la casa de Montesinos y sustrajeran todas las maletas, cajas y documentos que encontraran.
En la lectura de la sentencia se señaló que Alberto Fujimori había organizado el traslado del material sustraído, que incluía decenas de ‘vladivideos’, hasta el Grupo Aéreo 8 para verlos junto a su cuñado Víctor Aritomi Shinto, exembajador del Perú en Japón.
En el 2008, la Segunda Sala Especial de la Corte Suprema confirmó por unanimidad la sentencia por el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra.
Diarios chicha (2015)
El 8 de enero del 2015, Alberto Fujimori fue condenado por peculado por haber ordenado el desvío de S/122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas al SIN para financiar los llamados diarios chicha.
Durante el juicio a Fujimori, Vladimiro Montesinos se negó a declarar como testigo. Sin embargo, de acuerdo con las normas procesales, su testimonio del 2001 fue considerado para este proceso.
Interrogado en julio del 2001, Montesinos dijo que Alberto Fujimori le ordenó realizar un estudio para definir con qué medios “debía trabajarse”. “Se consultaba a Fujimori, quien daba sus sugerencias y ordenaba el tipo de titulares que debían salir”, declaró Montesinos.
En el proceso fueron cuatro los testigos que culparon a Fujimori directamente de la compra de las líneas editoriales de diarios como “El Chino”, “El Men”, “El Mañanero” y “La Chuchi”, entre otros, para su campaña reeleccionista. Así, la Cuarta Sala Penal Liquidadora dictaminó que Fujimori cometió el delito de peculado en agravio del Estado.
Sin embargo, en agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema, en ese entonces presidida por Javier Villa Stein, lo absolvió y anuló la condena. Los cinco magistrados de la sala votaron a favor de Alberto Fujimori.
Pativilca y los otros casos pendientes
Alberto Fujimori, quien fue extraditado de Chile en setiembre del 2007, no solo carga cinco condenas, sino tiene otros casos por lo que todavía debe responder ante la justicia.
El más próximo: su juicio oral por el Caso Pativilca inicia el 18 de diciembre. La fiscalía pidió 25 años de prisión contra Alberto Fujimori. El Ministerio Público le imputa responsabilidad en el asesinato de seis personas en manos del grupo paramilitar Colina. El crimen sucedió el 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de Barranca (Lima).
El juicio está a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Fujimori también afronta un proceso por el caso de las esterilizaciones forzadas. En marzo del 2021, la fiscalía formalizó su denuncia penal contra los investigados “como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”.
El 1 de octubre del 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo se aprobaron seis resoluciones supremas para solicitar a Chile que amplíe la extradición de Fujimori a fin de que pueda ser juzgado por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional.
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