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San José.— Las violaciones a los derechos humanos prosiguieron en 2022 en América Latina y el Caribe—de Colombia a Cuba, de Haití a El Salvador, de Venezuela a Nicaragua o a Ecuador—y agravaron un panorama regional marcado por el deterioro social, la intolerancia política y la descomposición económica.
El mapa interamericano de retroceso quedó este sábado bajo la mirada global por una fecha que, como la de cada 10 de diciembre, siempre marca un antes y un después: el Día de los Derechos Humanos.
“Mires donde mires, en todo el mundo se está atacando el derecho a la protesta”, advirtió la francesa Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), organización mundial no estatal de defensa de los derechos humanos.
“Sólo lo largo de los 12 últimos meses, desde Irán hasta Cuba y más allá, hemos visto infinidad de movimientos de protesta a los que los gobiernos han respondido con medidas de represión”, afirmó Callamard, en un mensaje por este día para clamar por alzar la voz en solidaridad “con personas que están pagando un elevado precio por haber alzado la suya”.
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El Día de los Derechos Humanos fue instaurado en 1948 a propósito de que, el 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Con un agravamiento de la represión en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Guatemala o El Salvador o con escenarios mortales y sangrientos de caos en Haití, una pregunta sobrevuela en un día de referencia mundial: ¿hay algo que celebrar?
“Claro que hay que celebrar”, afirmó la abogada nicaragüense Vilma Núñez, presidenta del (no estatal e ilegalizado) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
“Se conmemora el nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, piedra angular en la que descansan el desarrollo jurídico normativo y los instrumentos con los que se puede luchar y argumentar de que lo que se está reclamando no es una dádiva, no es un regalo, no es una concesión: es un derecho”, dijo Núñez a EL UNIVERSAL .
“Esa concesión de derechos de nuestras acciones diarias hay que celebrarla. La mejor celebración es la posibilidad de luchar con argumentos. No es cuestión de decir: ‘¡Qué lindos están estos instrumentos!’. No. Los derechos humanos están en constante transformación. No son estáticos. Y siempre hay nuevas demandas y luchas que impulsar”, adujo.
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“Hoy tenemos que hacer el propósito de seguir luchando y demandando que haya nuevos reconocimientos de derechos humanos, pero sobre todo que haya nuevos mecanismos y más eficaces para que estos no se queden en letra muerta en los textos, sino que se puedan ejecutar para que los podamos disfrutar”, aseveró.
Al admitir que “lamentablemente la vigencia absoluta de los derechos humanos sigue siendo una aspiración de la humanidad”, desnudó el caso con el sistema izquierdista de Nicaragua.
“Tenemos un régimen totalitario en Nicaragua que violenta los derechos humanos e impulsa una política de exterminio en contra de la población nicaragüense en general”, acusó.
La crisis en ese país se agudizó a partir de abril de 2018 con el estallido de multitudinarias protestas en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para exigir democracia y libertad.
El gobierno, que alegó sufrir una intentona terrorista de golpe de Estado gestada por los opositores en asocio con Estados Unidos, respondió con una intensa represión que se saldó con más de 325 muertos y unos 220 presos políticos.
Trío político
Los gobiernos izquierdistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela rechazaron reiteradamente que en las cárceles de esos países haya prisioneros políticos o de conciencia. Activistas de derechos humanos de Cuba y Venezuela denunciaron que en las cárceles cubanas hay más de mil personas presas en castigo a sus principios políticos y más de 240 en las venezolanas.
El drama humanitario de un éxodo al exterior de más de siete millones de venezolanos que salieron de Venezuela desde al menos 2014, para escapar de las tormentas políticas, socioeconómicas a institucionales, se acrecentó en 2022 en forma paralela a la persecución política.
El (no estatal) Foro Penal de Venezuela, grupo defensor de los derechos humanos, evidenció este año “la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos con fines políticos en el país, así como la falta de investigación genuina en casos relevantes de crímenes de lesa humanidad”.
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En esos hechos hay “participación de funcionarios del gobierno en varios niveles de la cadena de mando”, añadió.
El cuestionado gobierno de Venezuela siempre rechazó esos y otros ataques.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), publicó este sábado que “el doble rasero, la politización y el enfoque selectivo al abordar los derechos humanos se ha convertido en una práctica que EU y sus aliados ya adoptan como habitual, mientras intentan esconder sus propias transgresiones”.
“A nombre de los derechos humanos se justifican acciones hostiles contra Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras naciones que no se subordinan a los dictados de Washington; se emplean de manera ilegítima órganos y mecanismos para castigarlas”, recalcó el diario del PCC, único partido legal en una isla en la que las organizaciones opositoras subsisten en la semiclandestinidad.
En rojo
A las alarmas por los conflictos en derechos humanos en el trío de gobiernos izquierdistas se sumaron las que persistieron y recrudecieron en otras naciones del área y que, por problemas de seguridad pública, como El Salvador y Ecuador, o de represión política, como en Colombia o Guatemala.
Asediado por la incesante penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional en diversos estratos y la creciente e incontrolable violencia callejera y en las cárceles, Ecuador optó en octubre de este año por militarizar la seguridad pública.
La militarización “representa un riesgo para los derechos humanos”, alertó la mexicana Érika Guevara, directora para América de AI. “Los retos de seguridad que enfrenta Ecuador no se resolverán con el despliegue de militares y por el contrario podría agravar la situación de los derechos humanos”, insistió.
Al recordar que la zona sufrió “el impacto negativo” de la militarización de la seguridad pública en derechos humanos, “desde México y Brasil, hasta Colombia y Venezuela, entre otros países”, planteó que “para responder a estos retos de manera efectiva, las autoridades deben priorizar el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones policiales, e impulsar políticas públicas” para prevenir el delito y garantizar el acceso a la justicia.
Otro foco de pugna está en El Salvador, donde el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el 27 de marzo de este año un estado de emergencia para combatir a las maras o pandillas Salvatrucha y 18, dictó severas restricciones al ejercicio de la libertad de prensa y ordenó una implacable acción militar y policial contra los mareros o pandilleros.
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“Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y que ningún Procurador (de Derechos Humanos) ha hecho antes—o por lo menos yo no recuerdo-(...) pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada”, respondió Bukele a sus críticos.
Más de 50 mil hombres y mujeres fueron detenidos a partir de marzo en El Salvador en las fuertes batidas de limpieza o de ataque a las redes criminales al amparo del prolongado estado de excepción, según datos oficiales.
Agrupaciones salvadoreñas de derechos humanos denunciaron, no obstante, que se registraron arrestos arbitrarios o injustificados y que numerosos salvadoreños sin nexos con las maras ni con la delincuencia son víctimas de abusos policiales y militares.
Al respecto, AI aseveró que hay “miles de personas detenidas arbitrariamente y en condiciones extremas” y que los derechos humanos de los salvadoreños “están gravemente amenazados”.
“Bajo un régimen de excepción impuesto el pasado 27 de marzo (…) como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones de derechos humanos”, reiteró.
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Colombia, entre tanto, también entró a la mira de los cuestionamientos por su trayectoria en derechos humanos en 2022 y acumulada luego de 58 años de conflictos bélicos.
El (no estatal) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), de Colombia, reveló que, del primero de enero al 4 de diciembre de 2022, 79 líderes sociales fueron asesinados y ocurrieron 92 masacres. Más de 70 mil 200 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado del primero de enero al 4 de noviembre de este año, puntualizó.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU informó que, del primero de enero al 31 de octubre de 2022, “conoció 224 alegaciones de homicidios de personas defensores” de derechos humanos. Del total, la Oficina verificó 59 casos, con 76 en proceso de confirmación y 89 “no concluyentes”.
Las cifras también están en rojo en Haití.
En un país desolado por la deforestación y los repetidos desastres naturales, el paisaje haitiano quedó exhibido en este siglo por la aparición diaria en las calles de centenares de cadáveres, con una espeluznante secuela de heridos y desaparecidos.
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En la continuidad del desbarajuste social generalizado, Haití se hundió desde 2021 en una parálisis institucional, electoral y política con un frágil régimen provisional. El conflicto se agravó a partir de que, el 7 de julio de 2021, el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en una operación de mercenarios que ahondó el panorama de permanente y generalizado deterioro.
Aliadas a estratégicos y antiguos factores políticos y económicos de poder interno y externo e Involucradas en pugnas y confabulaciones, las temibles pandillas criminales se afianzaron luego del magnicidio de Moïse e infundieron el miedo y el pánico en las calles haitianas.
El austriaco Volker Türk, alto comisionado de derechos humanos de la ONU, reportó este viernes que, en 2022 en Haití y en actos atribuidos a las pandillas, más de mil 400 personas murieron y más de mil fueron secuestradas, por lo que pidió “coraje político” y “responsabilidad” interna y externa para luchar contra la “impunidad endémica” en la isla.
“Desde principios de este año, las asombrosas cifras de mil 448 personas han sido asesinadas, mil 145 heridas y mil cinco secuestradas por pandillas”, narró, en una actividad en víspera de esta fecha.
Tras destacar que esta crisis “multidimensional prolongada no puede ser ignorada”, mencionó que en Haití “las pandillas armadas, supuestamente respaldadas por élites económicas y políticas, controlan más del 60% de la capital, donde unos 4,7 millones de personas enfrentan hambre aguda”.
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Al culpar a las pandillas de usar “la violencia sexual para inspirar miedo y ejercer control sobre la población”, instó a abordar “las causas profundas de la crisis, en particular la desigualdad social, la corrupción rampante, la colusión entre élites poderosas y líderes de pandillas y la impunidad endémica”.
Un recuento que la ONU emitió en octubre de este año mostró que infantes “de tan solo 10 años y las mujeres mayores” están entre las víctimas de violaciones en grupo y algunas “fueron mutiladas y ejecutadas después de ser violadas”.
“Es inaceptable que la gente se aproveche de esta inseguridad endémica y del sufrimiento de los haitianos”, recalcó Türk.
A Haití, Ecuador, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela se sumaron en 2022 las repetidas y severas denuncias de violaciones a los derechos humanos en México, Guatemala, Chile, Trinidad y Tobago, Brasil o Perú y en el resto del hemisferio occidental.
Ante una fecha que profundizó las urgencias sobre el respeto a las garantías esenciales de convivencia social, para Núñez, la abogada y veterana activista nicaragüense, “la mejor celebración de este día es asumir el reto de seguir luchando, venciendo y tratando de hacerle frente a todos los obstáculos que cada día dificulta más la defensa de los derechos humanos”.
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asf
