San José. – Tras orar el 12 de este mes en un culto evangélico en una capilla en un hábito diario de una cárcel masculina de Panamá, cinco jóvenes reclusos rompieron la rutina al retornar a sus dormitorios y corrieron hacia la parte trasera del centro penitenciario. Al percatarse del inusual movimiento, los carceleros alertaron de una fuga, pero verificaron que los presos querían recoger un paquete que se les envió desde el exterior con marihuana, envolturas para cigarrillos y un teléfono celular y su cargador.
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En otra alerta en ese mismo día, un “dron” o aeronave no tripulada incursionó a una prisión femenina de Panamá y lanzó una droga ilícita, pero la mercancía ilícita y el aparato fueron incautados. Una requisa del 22 de febrero pasado en un penal para hombres en Panamá permitió hallar un teléfono satelital, 61 teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos.
Los escenarios mortales y sangrientos se concentraron este mes en los presidios de Ecuador y Honduras, pero la realidad mostró un profundo deterioro carcelario que América Latina y el Caribe arrastró del siglo XX al XXI y reflejó la acelerada inseguridad en sus calles.
“Bajo ningún punto la militarización debería de ser parte de las medidas que se deben tomar” para enfrentar la crisis, afirmó la abogada hondureña Blanca Izaguirre, jerarca del (estatal) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, en el desenlace preliminar de un violento mes en los centros penales de ese país.
Al pedir “crear una política penitenciaria integral con enfoque de derechos humanos”, Izaguirre afirmó en un mensaje que envió a EL UNIVERSAL que “el regreso de la autoridad militar a la administración penitenciaria significaría un retroceso grave en derechos humanos”.
Honduras reportó 987 personas privadas de libertad asesinadas en sus penitenciarías de 2003 a 2022, según el Comisionado.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) definió “reglas mínimas” para el trato a los reclusos, con disciplina y orden, “sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común”, recordó Izaguirre.
Al advertir que denunciaría internacionalmente al gobierno de Honduras si incumple esos compromisos, alegó que “toda” intervención de seguridad en las cárceles “debe atender problemas estructurales” como hacinamiento, edificaciones precarias y falta de control interno, de presupuesto adecuado y de personal idóneo.
Las dificultades carcelarias en Honduras se agudizaron a partir del 8 de este con motines en cuatro penitenciarías y saldo parcial de un muerto y varios heridos. Al anunciar que endurecerá la seguridad en esos sitios, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió que su respuesta será “dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores”.
El crimen se ataca con prevención y “no solo” con castigo, adujo.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, planteó la gobernante, cuyo cuatrienio se inició en enero de 2022.
El legado en Honduras repitió las características del resto de naciones latinoamericanas y caribeñas: cada año con más presos por la creciente ofensiva criminal por mayor inseguridad y violencia.
La población encarcelada de ambos sexos en los 33 países de América Latina y el Caribe aumentó de aproximadamente un millón 600 mil personas en abril y mayo de 2020 a casi un millón 850 mil a abril de 2023.
El número de este año, con cifras de 2023, 2022 y 2021, fue obtenido de los datos oficiales sobre las prisiones del área incluidos en el más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres.
Ecuador, que reportó 31 mil 700 reclusos al 24 de febrero de 2023 y a 174 por cada 100 mil personas en un país de unos 18 millones de habitantes, se hundió este mes en un explosivo panorama por las mortales disputas a balazos en las cárceles que, solo en la semana pasada, dejaron 21 asesinatos, incluidos tres guardias. El viernes perecieron 12 reos.
Ecuador se sumió desde 2021 en la mayor inseguridad de su historia, cercado por la incesante penetración de mafias mexicanas del narcotráfico y ubicado entre los dos más importantes productores mundiales de cocaína: Colombia al norte y Perú al sur y al este.
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Al admitir en una entrevista con el canal Teleamazonas, de Quito, que “estamos en el peor momento de crisis de violencia del país”, el ministro de Defensa de Ecuador, Juan Zapata, ratificó que en territorio ecuatoriano operan más de 13 redes del crimen organizado que tienen nexos con narcomafias mexicanas como el Cártel de Sinaloa, uno de los más fuertes de México.
El conteo oficial llegó a más de 420 reclusos asesinados en Ecuador desde 2021, cuando solo un motín dejó al menos 120 homicidios.
Pero al igual que ocurrió en este siglo con la violencia del resto de América Latina y el Caribe, las calles ecuatorianas son un reflejo de las cárceles. En una comunidad de la norteña la zona fronteriza con Colombia, nueve personas fallecieron baleadas el 12 de este mes cuando unos 30 sicarios atacaron sin discriminar a los pobladores.
El pánico regional llegó hasta Uruguay, con fama de tierra pacífica y con unos 14 mil 347 detenidos a abril de 2022. World Prison Brief estableció que, con 408, Uruguay tiene el mayor promedio de América del Sur por cada 100 mil habitantes, aunque lejos de las tasas de mil 86 de El Salvador (el mayor de Centroamérica), de 510 de Cuba (el mayor del Caribe) y de 478 de Panamá.