San José. – Al mediodía del pasado viernes 19 de abril en Costa Rica, y ante centenares de miles de costarricenses sofocados por una prolongada y engorrosa en gran cantidad de barriadas de clase media de este país, trascendió una controversial noticia.

La Liga Deportiva Alajuelense (LDA), uno de los principales equipos de la máxima categoría del fútbol de Costa Rica, anunció que en la tarde del día siguiente se gastaría 40 mil litros de agua en regar la cancha del estadio Alejandro Morera para tenerla en condiciones óptimas para jugar, en la noche, el clásico del balompié nacional frente del Deportivo Saprissa.

A menos de un kilómetro al oeste del estadio, miles de pobladores del barrio Villa Bonita acumularon en ese momento, al igual que numerosas comunidades urbanas y rurales costarricenses, meses de una desesperante falta de agua.

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La decisión de LDA de ostentar en público que se gastaría unas 40 toneladas en agua para acondicionar la cancha de su estadio, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de esta capital, contrastó con las apremiantes realidades de la población de los alrededores del recinto y pareció mostrarse como símbolo de profunda ausencia de solidaridad.

Una fuente del equipo se mostró contrariada con EL UNIVERSAL por la noticia y admitió que fue inoportuna, pero prevaleció el interés del espectáculo deportivo y nadie impidió que sobre la cancha fueran lanzados, en una acción vespertina, decenas de miles de litros de agua para el partido nocturno.

“Para peores, la Liga apenas empató 2-2 con Saprissa”, afirmó “Carlos”, vecino de Villa Bonita, seguidor del Alajuelense y víctima de los continuos y dilatados cortes de agua. “Y nuestra verdad siguió siendo que continuamos padeciendo la incomodidad de vivir sin agua, antes, durante y después del partido, mientras la cancha si se vio perfecta y por más goles del equipo”, dijo “Carlos” a este diario.

“Carlos” prefirió preservar anonimato e identificarse con otro nombre y sin apellidos, para evitar dificultades o controversias en su comunidad. El gobierno de Costa Rica encarceló en marzo anterior a nueve personas que protestaron en un suburbio capitalino por la interminable falta de agua y que entraron a un trámite judicial.

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En un continente en el que el tratamiento a miles de canchas de múltiples disciplinas deportivas pareció privilegiarse sobre las urgentes necesidades poblacionales, el caso de Villa Bonita únicamente evidenció una mínima parte de un gigantesco paisaje de desigualdad en el acceso al agua, con estructuras de saneamiento, en América Latina y el Caribe.

Por desperdicios, derroche, muerte o errática operación de los mantos o fuentes acuíferas, sequías, ineficiente gestión estatal de los recursos hídricos, inequidades en el acceso al líquido, excesos y abusos de consumo, contaminación y otra gran cantidad de factores, la crisis del agua se aceleró en el transcurso del siglo XXI, pero llegó a rangos sin precedentes en al menos los últimos dos años.

“El crecimiento de la economía global es bastante grande. Miles de millones de personas se mueven a las ciudades y demandan gran cantidad de servicios (como) el agua”, afirmó el meteorólogo costarricense Maximiliano Campos, secretario ejecutivo del Comité Regional de Recursos Hidráulicos, una agencia del gubernamental Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

En busca de respuestas al fenómeno, Campos planteó a este periódico que “si millones de personas mejoran en su bienestar económico y ascienden a la clase media, muchos de los patrones de consumo se volverán insostenibles, con mayor presión sobre los recursos hídricos y con un alto potencial de conflictividad

Al recordar que América Latina “es la región más rica en agua” en todo el planeta, planteó que “la relación entre disponibilidad (del líquido) y población es positiva: del 26% del agua que tenemos, los seres humanos solo usamos el 6% para todos los aspectos de productividad. Somos la zona del mundo con más agua disponible para nuestras actividades”.

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La represa Paso Severino, en Canelones, Uruguay. Según datos oficiales, más de 96% de sus 3 millones 400 mil pobladores —unos 3 millones 264 mil— consiguieron garantizarse como sociedad el suministro de agua en condiciones de saneamiento técnico. Foto: Gaston Britos EFE
La represa Paso Severino, en Canelones, Uruguay. Según datos oficiales, más de 96% de sus 3 millones 400 mil pobladores —unos 3 millones 264 mil— consiguieron garantizarse como sociedad el suministro de agua en condiciones de saneamiento técnico. Foto: Gaston Britos EFE

Una de las complejidades del área permaneció ligada al clima, aclaró. “La oferta hídrica es clima-dependiente. El clima está afectado por la variabilidad, el cambio climático, lluvias, sequías, inundaciones, La Niña y El Niño, eventos extremos que afectan a todo el mundo, pero en mayor medida a América Latina y el Caribe”, subrayó.

Tras destacar la calidad del agua como elemento crucial para el consumo humano, mencionó que “la contaminación ha crecido exponencialmente ya por décadas. Esto hace que el agua potable sea más escasa y más costosa para tenerla disponible para el consumo de las personas”.

A pesar de la riqueza hídrica, persistieron líos de distribución. “En Centroamérica, el 70% el agua está en la vertiente del Caribe, donde solo habita el 30% (de los 48 millones de centroamericanos). El 70% vive a lo largo de la vertiente del Pacífico, que tiene solo 30% del agua”, describió.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que operó de 1968 hasta la década de 1990 como Corporación Andina de Fomento (CAF), reconfirmó en marzo de 2024 que, con un total de unos 661 millones de habitantes, en la zona hay más de 10 millones que defecan a la intemperie y generan impactos negativos, como daños a la salud humana, mala calidad del aire y contaminación. También hay unos 160 millones que siguieron viviendo sin agua segura y unos 430 millones que están subsistiendo sin mecanismos de saneamiento.

América Latina y el Caribe registraron unos 17 millones de personas que dispusieron de un acceso limitado básico al agua o que solo consiguieron el líquido en fuentes “no aptas”, aparte de que subsistieron unos 300 millones en sectores urbanos sin alcantarillados.

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Los datos del CAF y de otros organismos financieros y socioeconómicos internacionales mostraron que, en Haití, apenas el 24% de los casi 12 millones de haitianos lograron contar con agua proveniente de estructuras sometidas a saneamiento.

Aunque el beneficio se concentró en algunas ciudades, una imagen frecuente en las calles haitianas de sectores urbanos y rurales permitió observar a mujeres haitianas lavando alimentos de todo tipo en los caños par luego ir a cocinarlos en sus cocinas a base de leña. El masivo proceso atizó el círculo vicioso de Haití de deforestación, sequía, huracanes e inundaciones sin resistencia natural, pobreza y desolación que también estimuló el fenómeno migratorio al exterior.

Ante el cataclismo haitiano, que siempre se agravó en los últimos 70 años, Uruguay mostró que, de acuerdo con datos oficiales, más del 96% de sus 3 millones 400 mil pobladores —unos 3 millones 264 mil— consiguieron garantizarse como sociedad el suministro de agua en condiciones de saneamiento técnico.

Aunque sus acueductos continuaron funcionando con normalidad, Colombia exhibió en 2024 un incesante desgaste de la crisis y las dificultades nacionales se posicionaron con una palabra: racionamiento.

Al igual que en la mayoría de países latinoamericanos y caribeños, y con excepciones como en Costa Rica, una recomendación proliferó en Colombia: por no ser potable, evitar ingerir agua de las llaves y consumir únicamente la embotellada en plástico, lo que a su vez generó otra controversia por la excesiva abundancia de envases elaborados con ese producto.

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Bogotá, Medellín y otras urbes colombianas se precipitaron este año en una honda escasez, con lejanos visos de probable solución. Com0 en Colombia, las demás naciones regionales—sin excepción—sufrieron la ausencia de agua con matices y con el ingrediente en común del cambio climático, provocado por la intensificación del efecto invernadero ante las emisiones industriales por la quema de combustibles fósiles.

En una declaración que envió a este periódico, el abogado colombiano Julio Balanta, Defensor del Pueblo de Colombia, exhortó a las “autoridades competentes” de ese país a “buscar soluciones estructurales e integrales” para asegurar “el acceso equitativo al agua como derecho fundamental, especialmente para las poblaciones vulnerables”.

“Es indispensable que las autoridades cumplan con las obligaciones legales de protección del medioambiente, incluyendo la preservación de ecosistemas sensibles, como páramos, ríos y humedales, y conservación de fuentes hídricas para garantizar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento”, recalcó.

Al escenario continental se sumaron El Niño—Oscilación del Sur (ENOS), calentamiento anómalo del mar, humedad, fuertes aguaceros e inundaciones y debilidad de vientos alisios con arrastre de lodo, piedras, grava, sedimento, arena y arcilla en el hemisferio sur del Océano Pacífico, y La Niña, fase fría o contraria con descenso de las temperaturas ecuatoriales.

Para azuzar los problemas, las temporadas de incendios forestales de 2022, 2023 y 2024, por manos criminales, elevadas temperaturas, vegetaciones secas, deforestación, tala desmedida, sequías recurrentes, desperdicio de agua, prácticas agrícolas ancestrales, vientos incesantes o fogatas recreativas, arrinconaron a América Latina.

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