San José.— El caso Beatriz, un pleito por la prohibición del aborto en El Salvador en cualquier riesgo de salud de la madre o del feto y por abuso sexual, llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a dictar en 2024 una condena que sería vinculante para 15 de los 20 países que reconocieron la competencia del máximo tribunal hemisférico y siguieron condicionando y limitando la interrupción del embarazo.
El caso obligó a la Corte a negar denuncias del (no estatal) Global Center for Human Rights (GCHR), organización mundial de defensa de derechos humanos de EU, de que recibió dinero de la (estatal) Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2016 y 2018 para favorecer la agenda interamericana proaborto.
“Muchos afirman, sin sustento, que la Corte recibe financiamiento por parte de intereses espurios, dirigidos a condicionar fallos y la agenda de la Corte. En este punto quiero ser enfática, eso es absolutamente falso”, afirmó la abogada costarricense Nancy Hernández, presidenta de la Corte, en un mensaje al asumir ese cargo en enero anterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) defendió en foros que sus operaciones son transparentes.
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De los 20 países bajo jurisdicción de la Corte, cuatro —México, Colombia, Argentina y Uruguay— legalizaron el aborto y el resto tienen restricción o prohibición.
“Si la sentencia de la Corte con Beatriz favorece el aborto, se juega la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos: implosionará”, advirtió el abogado argentino Sebastián Schuff, presidente de GCHR. “La Corte se atribuyó el mandato de que [sus sentencias] son vinculantes. Dice que sus fallos son obligatorios para los 20 países que aceptan su competencia contenciosa”, dijo Schuff a EL UNIVERSAL.
“Pero según los Estados que firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás tratados, los fallos son solamente vinculantes para las partes [en juicio] y para el país” sometido a proceso específico, dijo. “Lo que los Estados pactaron es que sólo es vinculante para un Estado. La Corte se ha atribuido función de decir que es para los 20 y es obligatorio y vinculante”, recalcó.
La Convención “defendió explícitamente” en su artículo cuarto el derecho a la vida “a partir del momento de la concepción (...) La razón por la que todos los Estados deben atender el caso es que una sentencia que contradiga explícitamente la Convención provocaría una implosión del sistema. Si la Corte reinterpreta una parte de la Convención, ningún Estado tendrá certeza de las obligaciones a las que debe responder. Se generaría gran inestabilidad e inseguridad jurídica insostenible”, alegó. La Corte recibió el caso Beatriz en 2022 para enjuiciar al Estado salvadoreño por las alegadas violaciones a los derechos de la mujer y de su familia en 2013 al estar totalmente prohibida la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
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La Corte informó que la prohibición “presuntamente impidió que [Beatriz] accediera a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal”. Según la Corte, en 2013 se detectó una malformación congénita del feto con anencefalia y a la mujer se le indicó que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de que muriera. La mujer dio a luz, pero “el feto anencefálico falleció”, añadió.
Por los hechos, El Salvador está acusado de responsabilidad internacional por violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud. El litigio pasó en 2022 y 2023 por las etapas de la Corte y quedó a la espera de sentencia.
La GCHR recordó que Beatriz sobrevivió y murió en 2017 en un accidente vial. “Todo está armado sobre una falsedad grave: Beatriz no estaba en peligro de muerte. Evidentemente su temor a morir fue alimentado malintencionadamente, de tal forma, que la madre se vio compelida a pedir un aborto. Los médicos y la realidad demostraron que su vida no estaba en riesgo. Beatriz vivió luego del parto, cuatro años más”, indicó.
Schuff señaló una “preocupante manipulación evidente de las organizaciones abortistas que rodearon a Beatriz” y denunció que la CIDH y la parte demandante “son financiadas por esas organizaciones”. En un “balance” financiero de 2009 a 2021 de la Corte y la CIDH y las “opacidades e influencia” por una financiación “condicionada”, el GCHR insistió en que la agenda proaborto en ambas captó el apoyo de la agencia española y de fundaciones de EU.