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San José.- Hundidas en la miseria y atrapadas por las ansias de migrar a Estados Unidos, en las populosas colonias de San Salvador acechan las sanguinarias y temibles redes criminales de las maras Salvatrucha (MS—13) y 18 (M—18), los peligros del repunte del coronavirus y otras enfermedades, la inseguridad alimentaria y… la escasez permanente de agua.
“Estamos en una encrucijada grande entre buscar recursos para comer, pagar medicinas o pagar por el agua”, dijo la ambientalista salvadoreña Amalia López, de la (no estatal) Asociación Movimiento Mujeres de Santo Tomás, municipio del sur de la capital salvadoreña.
“El estrés hídrico es muy grave en San Salvador y el resto del país. Las comunidades marginales, sin residencias de lujo, sufren estrés hídrico. Lo normal es que estemos siempre o bien esperando que caiga el chorrito o buscando agua”, narró López a EL UNIVERSAL.
Víctima directa de la falta del líquido en Santo Tomás, describió que “el problema es que, por los vectores o las enfermedades que se pueden ocasionar por el desabastecimiento regular de agua para consumo humano, el sistema de salud tampoco responde a esas necesidades ante el riesgo evidente por la abundancia de insectos y mermaron las campañas de fumigación”.
“Cuando el agua llega, entre comillas viene potable. En ocasiones trae coloración y olor y así hay que consumirla. Algunas familias pueden adquirirla envasada, pero solo una minoría por la apretadísima crisis económica”, agregó.
Con sus fenómenos combinados de pobreza, inseguridad callejera, violencia criminal y fragilidad institucional que estimulan la migración regional, El Salvador aprobó el 22 de diciembre de 2021 una ley para privatizar el agua que entrará en vigencia en julio próximo.
Como dirigente de la Asociación, López integra el equipo coordinador de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, coalición multisectorial de organizaciones no estatales de El Salvador.
“Esa ley no favorece ni es cierto que sea el pago de la deuda histórica que el Estado tiene con los salvadoreños. Se irrespeta el derecho humano de los salvadoreños a disponer de agua: nos pondrán a pagar cuotas como si estuviéramos lucrando con el agua”, explicó.
El panorama salvadoreño es desolador. De 21 mil kilómetros cuadrados de superficie de El Salvador, solo 10% tiene vegetación, pero de ese porcentaje aproximadamente 8,5% es de suelos agrícolas y solo 1,5% es bosque primario.
Con una imparable deforestación, los pronósticos de la Alianza indicaron que, a un plazo “no muy lejano”, los ríos salvadoreños serán apenas unas quebradas de invierno.
“Después de Haití, El Salvador es el país más deforestado en América Latina y el Caribe. Hay gran presión sobre los mantos acuíferos porque se priorizó la inversión inmobiliaria de lujo: planchas de cemento por todo lado y más deforestación que agotan el suelo de infiltración”, lamentó López.
El conflicto en El Salvador es apenas una parte de los episodios que desnuda a América Latina y el Caribe ante la urgencia de que las poblaciones dispongan de agua potable como elemento básico de higiene para enfrentar al Covid—19 y otros padecimientos y realizar tareas humanas esenciales.
Al recordarse el próximo martes el Día Mundial del Agua con la proclama “Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible”, cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mostraron que más de 166 millones de los más de 650 millones de latinoamericanos y caribeños carecen de acceso al agua potable y 445 millones subsisten sin un saneamiento gestionado del líquido de manera segura.
El panorama parece irónico para la zona latinoamericana y caribeña, que tiene una dotación acuífera por habitante cuatro veces mayor al promedio mundial, mientras persiste una mezcla de creciente contaminación de los fluidos, sobreexplotación hídrica y conflictos por el uso.
Por el cambio climático ya se duplicó la frecuencia de las inundaciones y sequías en la región y las proyecciones indican que continuarán incrementándose, según la ONU.
