Brasilia.— El juez federal Sergio Moro ordenó ayer que Luiz Inácio Lula da Silva se entregue a la justicia en un plazo de 24 horas, que vence a las 17:00 horas locales de hoy, para cumplir una condena de 12 años de cárcel por un caso de corrupción, lo que probablemente eche por tierra sus aspiraciones de volver al poder. El anuncio desató movilizaciones anoche de simpatizantes y detractores del ex presidente brasileño.
Moro, emblema de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que concede a Lula, “en consideración a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitibá”. También prohibió que sea esposado. Fue “previamente preparada una sala reservada” para él en la sede de la Policía Federal en Curitiba, y “estará separado de los demás presos, sin cualquier riesgo para su integridad moral o física”.
Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso que involucra la cesión de un apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo a cambio de contratos para una constructora con la petrolera Petrobras, que está controlada por el Estado. El político ha negado ser dueño del departamento así como cualquier conducta impropia y dice ser blanco de una persecución política para que no compita en las elecciones.
La Corte Suprema de Brasil había allanado horas antes el camino al encarcelamiento, al rechazar un pedido de habeas corpus con el que el ex jefe de Estado pedía que se suspendiera una posible orden de arresto contra él hasta que su condena a 12 años de cárcel sea firme en todas las instancias judiciales posibles.
Lula, favorito en las encuestas de intención de voto para la elección presidencial de octubre, quedaría impedido de presentarse a cargos públicos al estar condenado por un tribunal colegiado. Los abogados del ex mandatario dijeron estar presentando interdictos con la esperanza de evitar que vaya a la cárcel.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó que la orden de prisión dictada contra el ex presidente “reedita los tiempos de la dictadura” en Brasil.
“Es una violencia sin precedentes en nuestra historia democrática”, señaló Hoffmann en un mensaje divulgado en las redes sociales. “Consideramos esto un encarcelamiento por móviles políticos, un encarcelamiento que pondrá en evidencia a Brasil ante el mundo”, añadió.
El dirigente se recluyó en la sede del sindicato metalúrgico en Sao Bernando do Campo, donde se forjó como dirigente, arropado por su sucesora, la ex presidenta Dilma Rousseff y otros miembros del PT. El periodista Kennedy Alencar, de la radio local CBN, dijo haber entrevistado a Lula, quien le manifestó que la orden de prisión era “un absurdo y un sueño consumista del juez Moro y de personas que quieren verlo pasar un día preso”.
Al cuestionarlo sobre si se entregará, el líder de la izquierda dijo “que aguardará la orientación de sus abogados”, según tuiteó Alencar.
Afuera del Instituto Lula simpatizantes y detractores del líder obrero se enfrentaron luego de que estos últimos lanzaran insultos contra un senador del PT. Uno de los opositores fue golpeado y arrojado contra un camión, que lo atropelló y lo dejó inconsciente unos minutos, por lo que fue ingresado en un hospital.
El coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, Joao Pedro Stédile, denunció la orden de captura contra Lula como “otro capítulo del golpe” que, en su opinión, comenzó con la destitución de Rou-sseff en 2016 y la ascensión al poder del actual mandatario, Michel Temer. “Lula es la simbología, la síntesis de las luchas de la clase trabajadora”, sostuvo Stédile.
Escándalo mayúsculo. En contraste, el congresista Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército de tendencia derechista que va en segundo sitio en las encuestas, dijo que con la decisión de Moro, “Brasil anotó un gol contra la impunidad y la corrupción”.
Lula, presidente de 2003 a 2010, es uno de muchos personajes renombrados de Brasil envueltos en el que posiblemente sea el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. Durante los últimos cuatro años, los brasileños han atestiguado operativos policiales y arrestos casi semanales de miembros de la élite, sean políticos o empresarios como Marcelo Odebrecht, ex director general de la constructora Odebrecht.
Los investigadores detectaron una amplia red en la que empresas de la construcción prácticamente formaban un cártel que generaba contratos inflados de la petrolera estatal Petrobras a cambio de pagar millones de dólares en sobornos a políticos y empresarios.
La lista de funcionarios en la mira de la investigación Lava Jato incluye al presidente Temer, quien asumió el poder en 2016 tras la destitución de Rousseff. El año pasado, Temer fue acusado dos veces de corrupción, pero permaneció en el puesto porque en ambos casos el Congreso, que debe votar en casos penales en los que esté involucrado un presidente en funciones, decidió que no fuera enjuiciado. Muchos legisladores han sido acusados de corrupción o se les investiga.
