Miami.— En la antesala del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en la comunidad afroestadounidense reina el pesimismo y la noción de que cualquier cosa que quieran lograr, tendrán que luchar a muerte por ello.
A pesar de que 15% de afroestadounidenses votó por el magnate —un aumento significativo desde 8% que votó por él en 2020—, especialmente los hombres (30% lo apoyó), la comunidad no prevé mejora alguna con él, ni en el discurso, ni en los hechos.
Trump se convirtió en presidente en un clima de polarización social creciente. Durante su campaña, apeló a sentimientos nacionalistas, a menudo vinculados a una narrativa de “recuperar la grandeza” de Estados Unidos que para muchos evoca la nostalgia por un pasado en el que las desigualdades raciales eran más marcadas. “Make America Great Again” (MAGA) pareció ser desde un principio el lema de una nación de blancos por excelencia, sin cabida para ningún otro perfil racial. Los episodios de Charlottesville, Virginia, de 2017, donde nacionalistas blancos que rechazaban el retiro de la estatua del general confederado Robert E. Lee se enfrentaron a contramanifestantes, con saldo de un muerto, y las declaraciones del entonces presidente Trump, quien se negó a criticar las proclamas neonazis y dijo que había “gente muy buena” en ambos bandos, parecieron darles la razón.
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Trump ha mencionado la First Step Act, promulgada en 2018, como un logro en justicia racial y ejemplo de que los afroestadounidenses están mejor con él que con los demócratas. La ley, cuyo objetivo es reformar el sistema de justicia penal, redujo sentencias obligatorias y permitió la liberación anticipada de miles de prisioneros, muchos de ellos afroamericanos.
Sin embargo, esta medida fue eclipsada por otras políticas que afectaron negativamente a las comunidades afroestadounidenses, como la reducción de protecciones en derechos civiles y la eliminación de los programas de acción afirmativa en algunas agencias federales.
Trump utilizó términos despectivos al referirse a ciudades predominantemente negras, como Baltimore, que describió como un “desastre infestado de ratas”. Estas declaraciones alimentaron una deshumanización que, según dirigentes comunitarios, reforzó el racismo latente en el país.
“No hay razón para pensar que este segundo mandato [de Trump] va a ser diferente”, comenta a EL UNIVERSAL la socióloga Cecilia Castañeda desde California; “políticamente ya no tiene nada que perder, no se va a reelegir y socialmente va a dejarles la alfombra puesta a los ‘trumpianos’ que vengan detrás de él para las siguientes elecciones presidenciales”, expresó.
Donald Trump favorecerá a todos aquellos que sean fieles a su movimiento MAGA, para ninguno de los cuales los afroestadounidenses son una prioridad.
El caso George Floyd
De esa primera administración Trump, el recuerdo más vivo que quedó entre los afroestadounidenses fue la respuesta a las manifestaciones de 2020 por la muerte de George Floyd a manos de un policía, Trump ordenó desplegar tropas federales en varias ciudades y utilizó gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca para despejar el camino a una sesión fotográfica. Este acto fue ampliamente condenado como un abuso de poder.
El asesinato y las protestas dieron un nuevo impulso al movimiento Black Lives Matter (BLM), surgido en 2013 como respuesta a la absolución de George Zimmerman, acusado de asesinar a Trayvon Martin, un adolescente afroestadounidense desarmado en Florida.
El movimiento BLM ha trabajado para visibilizar la brutalidad policial contra la comunidad afro, que representa 13% de la población de EU, pero constituye una proporción muy alta de las personas detenidas, arrestadas y muertas por la policía. Según el proyecto Mapping Police Violence, en 2022 la policía mató a mil 183 personas, de las cuales 24% eran afroestadounidenses. Esto significa que las personas negras tienen casi tres veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que las blancas, a pesar de que los niveles de criminalidad no son proporcionalmente más altos.
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Las estadísticas también revelan que en 17% de los casos de homicidios policiales en 2022, las personas asesinadas eran afroestadounidenses y estaban desarmadas al momento del encuentro con las autoridades. En 99% de los casos entre 2013 y 2020, los policías involucrados en homicidios no enfrentaron cargos. Esto refuerza la percepción de impunidad dentro de los departamentos policiales.
Aun así, han habido avances en el gobierno de Joe Biden: varias ciudades han implementado políticas como la prohibición del estrangulamiento policial y la eliminación de equipos militares en departamentos locales.
En 2021, Derek Chauvin fue condenado por el asesinato de George Floyd, marcando una rara ocasión en que un oficial fue considerado responsable por la muerte de una persona negra. Este caso simbolizó una posible rendición de cuentas, pero también dejó en claro que se trata de una excepción, no de la norma. Activistas, legisladores y organizaciones han propuesto reformas para abordar el racismo sistemático dentro de los departamentos policiales. Algunas de las principales demandas incluyen, por ejemplo, eliminar el uso de estrangulamientos y prácticas de control letales; y aunque algunos estados y ciudades las han prohibido, todavía no existe una política nacional al respecto.
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Las estadísticas continúan siendo un recordatorio del trabajo pendiente. Como señaló Benjamin Crump, abogado de derechos civiles: “Las cifras no son sólo números. Cada una representa una vida, una familia rota, un sistema que ha fallado”.
Organizaciones como NAACP, Until Freedom y Campaign Zero siguen dirigiendo la lucha por la justicia racial, mientras que líderes como Tamika Mallory, Derrick Johnson y Melina Abdullah amplifican las voces de los marginados.
Ahora, con el regreso de Trump al poder en 2025, la comunidad enfrenta un futuro incierto.
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“Nadie espera que la realidad de la comunidad afroamericana en Estados Unidos vaya a ser diferente en el segundo mandato de Trump; podría haber sorpresas, pero mientras llegan, hay escepticismo y pesimismo para esta comunidad durante el siguiente periodo presidencial”, concluye la socióloga Castañeda.
Pero como dijo Charlene Carruthers, activista y autora, “la lucha por la justicia no se detiene con una administración. Es un movimiento que vive en cada uno de nosotros”; por su parte, la activista Tamika Mallory subrayó que “no estamos aquí para pedir permiso. Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro por derecho; dignidad, justicia y libertad”.